Votos y furias

Signos vitales Por: Alberto Aguirre M.

Hace 15 años, con la careta de un movimiento ciudadano, un grupo de empresarios hizo sentir su disgusto con algunas decisiones tomadas desde el poder.

La nomenclatura priísta había evitado que Carlos Salinas de Gortari modificara la Constitución y nominara a Pedro Aspe como candidato del PRI a la Presidencia, en sustitución del malogrado Luis Donaldo Colosio. El año había iniciado con el alzamiento zapatista en contra del TLC y la crispación contaminó la elección.

Promovido por los intelectuales Jorge G. Castañeda y Enrique Krauze, nació el Grupo San Ángel, con una misión casi imposible: evitar un choque de trenes. Al final de esa campaña, los adagios fallaron y el PRI ganó en lo que fueron las elecciones más concurridas en la historia contemporánea.

Desde entonces, los desacuerdos entre la clase gobernante y un sector de los hombres del poder económico se han ahondado hasta llegar al punto de la ruptura, en el que nos encontramos. Porque la campaña de relaciones públicas lanzada para promover que la gente acuda a las urnas, pero para anular su voto, no tiene otro propósito más que dañar a la clase política de todos los partidos.

Los ideólogos de esta iniciativa se inspiraron en el fenómeno social que modificó la historia electoral de Argentina, a finales del siglo XX. Los cacerolazos precedieron al grito social ¡Que se vayan todos! , lanzado contra la administración menemista. El voto bronca marcó las elecciones intermedias del 2001 y propició la caída del presidente, Eduardo Duhalde, tan sólo un año después.

Aquí, la promoción de la anulación de los votos tiene un propósito descarado: forzar a que la próxima Legislatura termine con el monopolio de las candidaturas que detentan los partidos políticos y que en las presidenciales del 2012 sea nominado un ciudadano que no pertenezca a las burocracias partidistas.

Es la repetición de un esfuerzo que tuvo un primer ensayo justo en medio de los comicios del 2006. Inconformes con la postulación de Roberto Madrazo, Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón, esos poderosos intentaron generar una cuarta candidatura , aislada de la fuerza gravitatoria del PRI, del PAN y del PRD.

Las caras visibles de esa intentona eran el periodista Ramón Alberto Garza y el empresario Alfonso Romo, quienes en busca de un logotipo que arropara a un candidato emergente, negociaron con Dante Delgado y Elba Esther Gordillo.

Se lanzaron a buscar un candidato, pero ni el empresario Eduardo Bours ni los exsecretarios Pedro Aspe y Esteban Moctezuma quisieron animarse. Jorge G. Castañeda, en cambio, les pareció una apuesta frustrable y el entonces rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, impuso un precio muy alto: que Madrazo o López Obrador declinaran en favor suyo.

Hubo un segundo momento -cuando explotó el conflicto postelectoral y el voto por voto parecía desbarrancar la declaratoria del triunfo de Felipe Calderón- en el que volvió a emerger este grupo, con una propuesta más audaz y riesgosa: un interinato. El ombudsman, José Luis Soberanes, era su hombre para asumir el poder, si se anulaban las elecciones.

La polarización del PRI y del PAN les ha abierto una tercera oportunidad. A diferencia de las anteriores, ahora parece que tienen el tiempo suficiente para influir en el ánimo de un electorado harto de los políticos tradicionales. Si triunfan, habrá fracasado la transición a la democracia en México.

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Aplazados por la emergencia sanitaria, las manifestaciones por el Día del Trabajo tendrán lugar este lunes. En medio de la peor crisis económica del país en los últimos 25 años, sorprende la lasitud de la jerarquía obrera. Unos, como Valdemar Gutiérrez, el líder de los empleados de la Secretaría de Salud, aceptaron disfrazarse de panistas, a cambio de impunidad. La mayoría, priístas, consintió sin repelar los paros técnicos que han frenado a la industria nacional. Muy pocos, como Elba Esther Gordillo, amagaron con movilizar a sus bases, si sus prebendas eran amenazadas.

Los líderes obreros ni siquiera se asumen como blancos probables, ahora que predomina la lógica del golpazo en el gobierno federal. Napoleón Gómez Urrutia, el dirigente minero que opera en la clandestinidad, ni se inmuta, no obstante que en primera y segunda instancia, jueces y magistrados lo han sentenciado por la administración fraudulenta de los 55 millones de dólares del fideicomiso F/4645-2, en agravio de 10,000 trabajadores. Ni Relaciones Exteriores ni la PGR han sido capaces de ejecutar las órdenes de aprehensión o la extradición dictadas en su contra. ¿Será que alguien lo protege?

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