Urge acabar con la farsa del SIEM

Muchas empresas pagan el Sistema de Información Empresarial Mexicano que no sirve para nada. Las representaciones empresariales deben crecer.

Cuando en 1997 la justicia declaró inconstitucional el registro obligatorio de las empresas en las cámaras de industria y comercio por el simple derecho de la libre filiación, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial se metió en un enorme dilema: encontrar cómo subvencionar a esas organizaciones o presenciar la muerte masiva de los organismos de representación empresarial.

Como muchas otras organizaciones, como los sindicatos obreros, las cámaras y sus confederaciones se habían acostumbrado a subsistir de un sistema en donde el gobierno a través de una arbitrariedad, como la obligación de pago de cuotas a los empresarios, las mantenía.

No hubo, más que en contados casos, una preocupación real por otorgar servicios de auténtica representación a cambio de una membresía que las mantuviera. Con dinero garantizado de la obligatoriedad los organismos del sector privado eran cajas de resonancia de las decisiones gubernamentales.

Avales incondicionales de las políticas públicas.

Pero la disidencia de esas organizaciones logró que se impusiera la libertad de asociación. Había que hacer algo y rápido, porque los elefantes blancos se tambaleaban.

Porque así como la obligatoriedad de registro de los trabajadores a los sindicatos ha mantenido organizaciones obreras obesas y funcionales a los intereses del poder. Así, la obligatoriedad para los patrones hacía lo mismo con la bandera de las agrupaciones de empresarios.

Desde ese mismo pensamiento arbitrario, algún funcionario público ideó o avaló un sustituto inmediato para seguir llenando las carteras de las cámaras y sus confederaciones.

Así, para finales de la década pasada, cuando Internet todavía se conectaba usando la línea telefónica diseñaron un registro de empresas en línea, que permitiría interconectar a los emprendedores.

A cambio, la industria y el comercio debería pagar una cantidad anual. No sería un pago para las autoridades, sería una cuota que iría directa a las arcas de... sí, las cámaras y confederaciones.

Ahí nació el Sistema de Información Empresarial Mexicano, el SIEM. Una herramienta que para aquellos años 90 se planteaba como una gran idea para aprovechar adecuadamente el boom de las punto com.

Sólo que desde el principio nació torcido. La idea era que las empresas pudieran identificar oportunidades de negocio en otras compañías. Pero la señora de la fonda de la colonia Narvarte pagaba una cantidad anual para tener información de las fondas de Puerto Progreso, Yucatán.

Y cuando un proveedor intentaba conocer cuántos empleados tenía una armadora de autos, el resultado le arrojaba un cero. Y las ventas de una refresquera de las más famosas del mundo eran de cero pesos con cero centavos.

La presión de muchas organizaciones frustró el desarrollo de este impuesto disfrazado y nunca se emitió un reglamento que pusiera un castigo a los que no pagaran las cantidades exigidas.

Así ha funcionado hasta este día. Muchos pagan el SIEM por tradición, aunque no sirva de nada. Y ahora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía le aplica la puntilla a este invento burocrático.

El buen trabajo del INEGI y el uso de la tecnología de estos tiempos ha dejado en ridículo la base de datos que todavía se puede consultar en la página www.siem.gob.mx

En el listado obligatorio del gobierno no hay más de 800,000 registros, pero en el sitio del INEGI existe el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE)­ que no sólo tiene información de los negocios de todo el país. Además ofrece una posición de GPS del negocio.

Una consulta georeferenciada de 4.1 millones de unidades económicas del país, actualizadas con el censo económico del año pasado, o sea, una herramienta de primer nivel.

Y con un pequeño detalle adicional en comparación con el SIEM, el registro del INEGI con todo y mapa es totalmente gratuito.

Es cierto que muchas agrupaciones empresariales viven de la recaudación de este impuesto disfrazado, pero es una obligación no regulada y obsoleta que debería desaparecer ya.

Si una agrupación empresarial no encuentra razón de ser en la fuerza de sus representados, simplemente debería desaparecer. No hacen falta cámaras industriales o comerciales ficticias que son herencias de un sistema político que urge dejar atrás. Sobre todo cuando hay organizaciones empresariales de peso y financieramente sanas que no necesitan un invento de la autoridad para subsistir.

ecampos@eleconomista.com.mx