Una reflexión obligada

La crisis de seguridad y justicia que atraviesa nuestro país, catalizada por los sucesos de Iguala, Guerrero, empieza a encontrar la salida con la detención del ex presidente municipal y su esposa, presuntos autores intelectuales de esta tragedia. Sin embargo, quedan muchas preguntas y asuntos por resolver de cuyas respuestas y decisiones dependerá en buena medida hacer justicia, encauzar los exaltados ánimos sociales y modificar la negativa opinión pública nacional e internacional sobre el Estado de Derecho en nuestro país.

Lo central es encontrar a los jóvenes normalistas de Ayotzinapa; construir una narrativa sensata de lo sucedido aquella noche del 26 de septiembre; deslindar responsabilidades de autoridades municipales, estatales y federales que por acción, complicidad u omisión resulten involucradas y castigarlos con todo el rigor de la ley; revisar a profundidad la estrategia de seguridad y de coordinación entre niveles de gobierno que evidentemente no funciona; darle prioridad a la implementación de la reforma constitucional del 2008 dirigida a fortalecer el Estado de Derecho y un sistema de procuración de justicia penal eficiente, confiable y transparente... Son muchos los asuntos que se requieren cambiar del entramado institucional para que efectivamente se prevengan y no vuelvan a ocurrir este tipo de desgracias.

A propósito de esta reflexión, recibí el libro de Daron Acemoglu y James Robinson publicado en el 2012 que tiene como sugestivo título: Por qué fracasan las naciones.

Los autores sostienen que no son las condiciones geográficas, la abundancia de recursos o la cultura lo que condiciona el desempeño económico de un país. El fracaso o la prosperidad de las naciones depende de la forma como los pueblos organizan sus sociedades.

Para probar esta tesis, destacan las diferencias entre las dos Alemanias de la posguerra o las dos Coreas de la actualidad, referencias un poco distantes a nuestra realidad. Sin embargo, hablan de los dos Nogales, el de Arizona, EU y Sonora, México. A pesar de que ambas ciudades tienen población, cultura y situación geográfica similar, al norte de la frontera existen instituciones que garantizan el Estado de Derecho: permiten elegir el trabajo en libertad, adquirir formación académica y profesional y animar a los empleadores a invertir en innovación, lo que se traduce en mejores salarios. En contraparte, del lado mexicano los adultos no poseen la secundaria, los jóvenes no asisten a la escuela, las instituciones sanitarias son deficientes y las de seguridad y justicia débiles; por lo tanto, las personas viven menos y hay altos niveles de inseguridad.

También los autores señalan el caso de Gran Bretaña y Estados Unidos, cuyas sociedades lograron sobreponerse al dominio de una clase y en los cuales los derechos políticos fueron más ampliamente distribuidos en contraste con las naciones como Cuba o algunos países africanos cuyo diseño político y económico está construido para el beneficio de las élites.

Para los autores, el entramado institucional debe aspirar a evitar la concentración del poder y la riqueza que incrementa la desigualdad; proteger la propiedad privada; estimular la innovación emprendedora y, fundamentalmente, fomentar y encauzar la participación de la ciudadanía dentro de un Estado de Derecho. Éste es nuestro principal reto, que demanda reflexión y acción de autoridades y ciudadanos.