Sigamos de este lado

De acuerdo con los pronósticos de la Agencia Internacional de Energía, para el 2040 México podría haber producido 1,800 millones de barriles de crudo a partir del shale. Es una nada despreciable octava parte de los más de 14,000 millones de barriles de crudo que Cantarell ha producido.

En términos de actividad económica, aun ignorando el potencial de gas, representa prácticamente 100,000 millones de dólares más para el Producto Interno Bruto (PIB) de los próximos 24 años. Promediando, son unos 4,000 millones de dólares por año. No será el principal motor de la industria petrolera mexicana; la visión de la agencia sobre el shale mexicano, de hecho, raya en lo escéptico. Pero de todos modos marca una diferencia: 4/10 de un punto del PIB actual.

Este pronóstico, aunque venga de una de los organismos de prospectiva energética más respetados del mundo, se puede venir abajo de un solo plumazo. Si el Congreso hubiera aprobado la iniciativa del senador Raúl Gracia para prohibir el fracking, que concluye su proceso de dictaminación esta semana, la industria shale mexicana se habría muerto antes de realmente nacer.

La iniciativa, presentada el año pasado, tomó partido con los muy pocos que han prohibido el fracking en el mundo, en lugar de regularlo. En términos de política energética estadounidense, decidió darle la razón a Vermont y Nueva York en contra de los estados donde realmente hay potencial y actividad, como California (famoso por sus estrictas políticas ambientales), Texas, Dakota del Norte, Oklahoma, Luisiana, Pennsylvania, Illinois, Michigan, Colorado, Wyoming, Nuevo México, Montana, Kentucky, Tennessee y otros más.

A nivel federal, fue en contra de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), el Departamento del Interior y del Departamento de Energía. Estas tres agencias regulan directamente alguna parte del proceso y siguen permitiéndolo. Sobra decirlo, pero también fue en contra de la posición del Congreso estadounidense: su marco legal dista mucho de prohibirlo.

Esto no ha sido precisamente por ignorancia o madruguete. El debate de la viabilidad de la fracturación hidráulica en Estados Unidos ha sido uno de los más intensos de la historia de la industria, llevando a las autoridades a revisar y re-revisar sus posiciones y hallazgos durante muchos años.

La EPA, por ejemplo, hizo un estudio profundo, multi-anual, sobre el impacto del fracking en el 2005. Concluyó que era un proceso fundamentalmente seguro. Años después, en el 2016, bajo mucha presión y escrutinio de activistas, revisó nuevamente el estado de la ciencia y las evidencias sobre el potencial impacto del fracking sobre el agua. Encontró casos aislados donde había impactos negativos (no hay que perder de vista que el desarrollo de shale es una actividad industrial y, como tal, conlleva riesgos), pero dejó claro que son riesgos mitigables y manejables. ¿La prueba? La industria sigue teniendo luz verde para usar esta técnica en unos 25,000 pozos por año. Hacia adelante, como es claro para cualquiera que siga los mercados de crudo y gas, nadie está considerando seriamente que Estados Unidos suspenda su uso del fracking.

Aquí en México, la Sener, la CNH y la ASEA han revisado el tema con lupa, recogiendo toda la información que se ha generado tanto aquí como en el mundo en torno al uso de agua, sismicidad inducida e impacto en emisiones. Coinciden con la EPA en identificar riesgos, pero categorizarlos como claramente manejables con una regulación estricta, que adopte las mejores prácticas internacionales. Nos han puesto del lado de todos los países que pertenecen al top 10 de potencial de shale y explícita o implícitamente, permiten el uso del fracking: China, Argentina, Algeria, Estados Unidos, Canadá, Australia, Sudáfrica, Rusia y Brasil.

Estos países, impulsados por su potencial, no sólo tienden a tener mayor experiencia en el tema. También entienden con mayor claridad el enorme costo de privilegiar la política sobre el análisis técnico. México, el sexto lugar del mundo en potencial del shale, debe seguir de este lado.