Reformas laborales: dilemas para las MiPymes

El sector laboral en México se encuentra en una encrucijada: aumentar las prestaciones de los trabajadores de las empresas -lo cual de suyo es positivo- podría tener efectos perjudiciales sobre la competitividad, especialmente micro, pequeñas y medianas (MiPymes). Y es que varias reformas en el sistema laboral plantean modificaciones importantes en sus estructuras de costos. Revisemos de qué tratan cinco de esas reformas, y veamos si realmente tienen el potencial de resolver los problemas profundos que sabemos existen en nuestro país en esta dimensión tan relevante de la economía.

Sobre la reforma a las vacaciones: El sector patronal en México respaldó la idea de implementar “vacaciones dignas”. Sin embargo, durante la aprobación de la reforma sugirió que la implementación fuera gradual, especialmente para las MiPymes, y con ello evitar un aumento en la informalidad laboral. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) propuso que se otorgaran nueve días de vacaciones en 2023 y 12 días en 2024, reconociendo la importancia del equilibrio entre trabajo y descanso para combatir el estrés laboral y sus impactos en la economía. De igual forma, la Coparmex expresó preocupación por el efecto que esta reforma tendría en las estructuras de costos de las microempresas, cuyas bases laborales son en promedio de 10 colaboradores. A pesar de las inquietudes, se planteó la necesidad de centrarse en la productividad destacando que en México se trabaja 23% más horas que el promedio de países de la OCDE.

En cuanto a la reducción de la jornada laboral en México, Morena promovió en el Congreso una reforma para reducir la jornada laboral a 6 horas, en contraste con las 8 horas diarias y 48 horas semanales contempladas por la Ley Federal del Trabajo (LFT) para establecer una semana laboral de 40 horas sin afectar los salarios. Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) revelan que 10.4 millones de personas trabajan más horas de las permitidas legalmente, con un 14.9% que laboran de 49 a 56 horas y un 13.3% más de 56 horas. Ante la tendencia mundial de reducir la jornada laboral, se han presentado por lo menos 10 proyectos de reforma a la Ley Federal del Trabajo con ese objetivo, que van desde una reducción de 6 hasta 12 horas semanales, lo que implicaría establecer jornadas laborales diarias de 6 a 7 horas como máximo y jornadas semanales de 36 a 42 horas. Algunos proyectos incluso consideran la posibilidad de recortar los días laborales para brindar a los trabajadores más días de descanso semanales. Actualmente, el 51.1% de la fuerza laboral en México trabaja 48 horas semanales, y el 26% de la población asalariada labora más de este límite legal. Aunque las empresas pueden ofrecer jornadas menores, la ley establece incentivos que conducen a un patrón de conducta que lleva a que las jornadas extensas sean la norma.

Por otro lado, la reducción de la jornada laboral plantearía desafíos para las empresas, quienes deberían encontrar formas de mantener el equilibrio operativo sin aumentar significativamente sus costos. Posibles soluciones incluyen contratar más personal o reestructurar actividades. Aunque estudios indican que la reducción de la jornada laboral puede aumentar la productividad y beneficiar a los empleados, el sector privado en México no ve oportuno el cambio en este momento. A pesar de que la iniciativa fue aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados, el sector privado sugiere una implementación gradual, como sucedió en Chile, de lo contrario, su posición sería la de rechazar la reforma, ya que afectaría mayormente a las 4.1 millones de MiPymes que actualmente operan en México, generan el 71% de los empleos en el país, y sus actividades comerciales representan más del 52% del PIB.

Sobre la reforma al aguinaldo, el diputado, Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, del Grupo Parlamentario MORENA, presentó una iniciativa para reformar el artículo 87, párrafo primero de la LFT que tiene como objetivo incrementar el aguinaldo de los trabajadores de 15 a 30 días. El diputado actualmente es presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, y tal iniciativa tiene altas posibilidades de ser aprobada ya que es prioridad en la agenda legislativa de Morena, y al tratarse de una reforma secundaria, únicamente requiere de mayoría simple, misma que es posible lograr con los votos de ese partido y de sus aliados. Al respecto, el empresariado ha reconocido el valor social de la propuesta, pero también ha apuntado sus preocupaciones, principalmente por la afectación que implicaría para las MiPymes, las cuales tendrían que enfrentar el costo de duplicar la prestación ya que el planteamiento sería general, tanto para los trabajadores con los salarios más bajos como a aquéllos con los salarios más altos.

Sobre la reforma para la igualdad salarial de género, el diputado Manual Alejandro Robles, también de Morena, presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la LFT y de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; así como del apartado b) del artículo 123 constitucional con el fin de obligar a los patrones a la igualdad salarial de género, es decir, aplicar el principio de “salario igual para trabajo igual o de igual valor”, eliminando acciones que provoquen o perpetúen la brecha salarial en la contratación, permanencia y ascenso de las personas trabajadoras. Actualmente, la brecha salarial nacional es de 23%, es decir, por cada 100 pesos que recibe un hombre, una mujer recibe 77 pesos desempeñando las mismas funciones en el mismo cargo, o en cargos equivalentes. Y, después de la pandemia, según el observatorio Global Gender Gap 2023, esta diferencia se ha agudizado. Por ello, se plantea como una causa urgente de solucionar, lo que no deja de implicar ajustes, de nuevo, en los costos. Al respecto, no tenemos noción de pronunciamientos del empresariado, sería interesante conocer su punto de vista.

Sobre la reforma a la figura de “reparto de utilidades (PTU)”, se establece que el monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo tres meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años; se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador. Dicha reforma busca apoyar a los cerca de 3 millones de trabajadores que migraron de esquemas de subcontratación a raíz de la reforma aplicada en el 2021 que eliminó tales esquemas. Si bien este tema ya está bastante superado desde que se implementó la reforma, aún se presentan algunas aristas que persisten en sectores económicos específicos. Por ejemplo, en el caso del sector minero, en promedio paga 63% más que el promedio de los demás sectores, lo que sí implica cargas importantes para las empresas pequeñas.

Ahora bien, ampliemos el foco de esta reflexión. La realidad empresarial en México presenta desafíos significativos para MiPymes, quienes enfrentan una carga financiera considerable debido a la regulación y las cargas administrativas. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), con cifras a 2020 de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (Encrige), durante ese año 60.8% de las unidades económicas pudo identificar costos monetarios, al realizar acciones relacionadas con el cumplimiento de trámites y regulaciones, del orden de 238.9 mil millones de pesos, equivalente al 1% del PIB del país. En promedio, cada unidad económica gastó 95,760 pesos por cargas administrativas donde las microempresas gastaron 33,956 pesos el año pasado, las pequeñas 287,190 pesos, las medianas 1,032,777 pesos, y las grandes 2,307,832. Cabe señalar que el monto promedio anual creció 65% entre 2016 y 2020.

En su libro "Buenas intenciones, malos resultados" (2008), Santiago Levy examina el conflicto entre las políticas sociales y el crecimiento económico en México. El autor señala que las políticas sociales han distorsionado el mercado laboral, fomentando empleos de baja productividad y orientando inversiones hacia actividades igualmente poco productivas. El dilema radica en cómo equilibrar el bienestar social con el crecimiento económico sostenible. Levy propone eliminar programas sociales que incentivan la informalidad y reemplazarlos con un sistema de seguridad social universal financiado mediante mayores impuestos generales. Sin embargo, hace falta estudiar más la evidencia empírica que respaldaría tal diseño.

El informe "Doing Business" del Banco Mundial, por su parte, puso de relieve la necesidad de mejorar las condiciones para las empresas. Si bien se ha prestado atención a aspectos cuantitativos, se ha descuidado la calidad de las instituciones y la confianza empresarial. Además, se debe considerar la diferencia en la carga fiscal entre las micro y las grandes empresas, así como la adaptación de normas laborales a las necesidades de las MiPymes. La desregulación económica se perfila como un objetivo clave, mientras que el acceso al crédito sigue siendo un desafío. Se necesita una reducción significativa de las comisiones bancarias y un mayor apoyo financiero para fomentar su crecimiento.

En resumen, las MiPymes en México enfrentan una carga significativa debido a las complejidades regulatorias y las cargas administrativas, por lo que, la incorporación de elementos adicionales a las estructuras de costos requeriría reformas complementarias que incentiven aumentos en ingresos y patrimonio para las empresas. De lo contrario, la afectación las expulsaría de la formalidad, lo que traería como consecuencia probablemente una mayor precariedad laboral para sus trabajadores.

El reto, entonces, es encontrar un equilibrio entre las políticas sociales -muy necesarias- y el crecimiento económico que se requiere continuar y acelerar, un factor indispensable para el desarrollo que requiere el país. La simplificación de trámites, el acceso facilitado al crédito y la adaptación de regulaciones a las necesidades de las MiPymes son pasos fundamentales para complementar las reformas laborales aquí descritas. En este contexto, proponer reformas para incrementar las prestaciones de los empleados sin una revisión integral de todo el sistema laboral es equivalente, en última instancia, a abordar una enfermedad con tratamientos incompletos. La transformación efectiva requiere una evaluación exhaustiva y medidas que aborden las raíces de los desafíos que enfrentan las pequeñas empresas en su búsqueda de prosperidad.

*La autora es directora de Inteligencia Más y maestra en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Panamericana.