PROMIF: la regulación sanitaria y de precios del sector farmacéutico como un agente económico

En el T-MEC, y desde antes con el TLCAN, México se compromete a no imponer barreras comerciales ni establecer precios máximos a los medicamentos importados de Estados Unidos y Canadá. Esto significa que el gobierno no puede fijar precios para los medicamentos importados, aunque sí puede regular su comercialización, distribución y prescripción en el país. Esto aplica a medicamentos de patente de principio activo (el ingrediente que sirve para el resultado terapéutico para el que se recetó el medicamento).

Desde el 31 de octubre de 2004, se pone en ejecución el "Acuerdo de Precios de Medicamentos", "Acuerdo de Precios de Medicamentos", este acuerdo ha sido revisado y actualizado en varias ocasiones hasta dar cabida al PROMIF (Programa de Apoyo a la Comercialización y Distribución de Medicamentos e Insumos para la Salud) es una iniciativa del gobierno mexicano, por medio de la Secretaría de Economía, que tiene como objetivo promover la autorregulación de precios de medicamentos de patente en el mercado farmacéutico del país. Este programa busca fomentar la transparencia en la fijación de precios de los medicamentos y mejorar el acceso de los pacientes a tratamientos de calidad a precios justos y competitivos, mediante un mecanismo de referenciación internacional. Este programa se encuentra establecido en la Ley General de Salud de México, en los artículos 227 Bis y 227 Ter.

Toma en consideración para el establecimiento del Precio Máximo al Público (en el sector privado) un precio internacional de referencia que considera el precio exfactory en dólares ponderándolos a los volúmenes de los 6 principales mercados internacionales donde se comercializan productos con mismas concentraciones (contenido del principio activo) y presentaciones (número de tabletas o ml). A este precio se le aplica un factor de comercialización, que se calcula considerando los siguientes elementos: costos de distribución y transporte del medicamento a los puntos de venta, costos de almacenamiento, exhibición y promoción del medicamento en las farmacias, y los márgenes de utilidad para quienes participan en la cadena de comercialización, tales como distribuidores, mayoristas y minoristas.

Pero, se preguntará usted, sí se obtienen beneficios en materia de competencia, incentivos a la innovación y precios justos, considerando el entorno internacional, ¿Por qué no se implementan mecanismos de regulación de los medicamentos de genéricos? Una buena pregunta que encuentra su respuesta en la Ley de la Oferta y la Demanda, principio fundamental de la economía que establece que cuando la oferta de un bien o servicio supera a la demanda, el precio tiende a bajar, mientras que cuando la demanda supera a la oferta, el precio tiende a subir. 

¿Entonces?, Bueno, pues en un mercado que supone la libre competencia y que los medicamentos ofertados cumplen con las condiciones para ser considerados intercambiables en su concentración y presentación; esto parte del supuesto que la autoridad sanitaria en México: Cofepris, ha llevado a cabo la evaluación de la eficacia, seguridad, biodisponiblidad y bioequivalencia de los llamados medicamentos genéricos y que con ello se aumenta la oferta de opciones el precio se convertirá en un mecanismo de equilibrio. Es decir, si un productor decide llevar sus precios muy por arriba de la media de sus competidores quedará fuera de la oportunidad de mercado para sus medicamentos por ser menos atractivos versus otras opciones, y ojo, que cuenten con un registro sanitario vigente que demuestre se haya cumplido con la normatividad.  

Y si bien ya se expuso líneas arriba, es importante hacer énfasis en el hecho de que estos mecanismos aplican para el sector privado, básicamente venta en farmacias. El sector privado tiene una dinámica muy diferente, y mucho más compleja, que ya abordaremos en este espacio en iteraciones posteriores.

¿Y todo esto a razón de qué?, se preguntará usted; todo parecería estar en orden y deberíamos de seguir por ese camino, ¿no? Pues hay funcionarios que piensan que se requiere de un abordaje diferente: En los últimos años se han presentado varias iniciativas de ley para modificar el PROMIF. Tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados se han discutido diversas propuestas con el objetivo de mejorar y fortalecer el programa. Destaco dos de ellas, una de las más recientes fue presentada en el Senado de la República en noviembre de 2020. Esta propuesta busca ampliar la cobertura del PROMIF a través de la incorporación de nuevos medicamentos, así como de la creación de un fondo especial para la adquisición de estos medicamentos. Además, se propone la creación de una Comisión Nacional de Medicamentos de Alta Especialidad, encargada de evaluar y seleccionar los medicamentos que formarán parte del catálogo.

Otra iniciativa presentada en la Cámara de Diputados en septiembre de 2020 propone, entre otras cosas, la creación de un Observatorio Nacional de Medicamentos de Alta Especialidad, encargado de monitorear la disponibilidad y acceso a estos medicamentos en todo el país. 

Y más allá de estas iniciativas, y hay que recordar que en política pública nada pasa por coincidencia, en el marco de la firma de la Declaración de Acapulco (AMLAC) el 26 de abril de 2023, firmado por México, Colombia y Cuba; se hizo llegar a la industria farmacéutica establecida en México, por medio de sus cámaras y asociaciones, la comunicación por parte de la Secretará de Economía respecto a la sustitución del PROMIF por otros mecanismos de establecimiento de precios máximos al público, un mecanismo del que debemos de estar pendientes y revisar a detalle, ya que pueden tener un impacto importante en la oferta de innovación de opciones terapéuticas en nuestro país. 

Hoy cierro con una frase que se atribuye a Franklin D. Roosevelt: “En política, nada sucede por accidente…”.

*Oscar Flores cuenta con 25 años de experiencia en el sector de la salud en México y Latinoamérica, actualmente es socio director de una consultoría enfocada en el análisis de las políticas públicas, salud digital y sostenibilidad.