Lastre al crecimiento

En el artículo de la semana pasada apunté que la economía mexicana tiene un grave problema estructural cuando se trata de crear empleos en el sector formal de la economía. Esto se refleja en que una parte significativa de la población ocupada, casi el 55%, labora sin acceso al sistema de seguridad social lo que implica no contar con el servicio de salud en instituciones públicas, particularmente el IMSS, así como tampoco tener la posibilidad de tener un financiamiento hipotecario por parte del Infonavit ni aportaciones a sus cuentas individuales de retiro. En este universo laboral tenemos, por ejemplo, profesionistas independientes, comisionistas, trabajadores por cuenta propia, trabajadores del servicio doméstico, etcétera.

Mención especial requieren los trabajadores en el sector informal de la economía. Del total de personas ocupadas, el 30% labora en unidades económicas informales, es decir, que no están constituidas legalmente ni registradas ante las diferentes instancias gubernamentales (SHCP-SAT, IMSS, Infonavit, SAR, Secretaria del Trabajo, etcétera así como las de carácter local, sean estatales y municipales). Al no estar registradas, estrictamente son unidades económicas que operan en la ilegalidad, aunque los bienes y servicios que producen no son ilegales (en las zonas urbanas tendríamos, por ejemplo, servicios de costura, de belleza, servicios de electricidad, carpintería y plomería, compostura de automóviles, comedores familiares, etcétera y en las zonas rurales unidades económicas familiares que producen básicamente para el autoconsumo).

Las características principales de estas unidades económicas informales es que son muy pequeñas, con muy pocos empleados (no más de tres o cuatro y en muchos casos miembros de una misma familia), tienen una muy baja escala de producción y utilizan tecnología básica y generalmente obsoleta. En consecuencia, son “empresas” que tienen una muy baja productividad, lo que se traduce en que quienes están ahí empleados tienen, en consecuencia, un relativamente bajo nivel de ingreso, además de que, obviamente, no tienen acceso al sistema de seguridad social.

Son varias las causas de que existan un gran número de unidades económicas informales en las cuales laboran casi 20 millones de individuos. Una primera es la alta carga burocrática a la que se enfrentan producto de una maraña de regulaciones federales, estatales y municipales que hacen notoriamente caro el proceso de formalización y operación legal de las empresas. Además, el cumplimiento de estas regulaciones está en muchos caso plagada de corrupción al tener los funcionarios públicos que las administran la facultad discrecional para otorgar, negar o condicionar las licencias y los permisos. Los altos costos de cumplimiento de la regulación se constituye así como un impuesto implícito a la formalidad y a la legalidad. Reducir las barreras regulatorias de entrada y salida de los mercados tendría un efecto positivo y significativo sobre la formalidad y el bienestar de los trabajadores.

Un segundo elemento que induce la informalidad lo constituyen las aportaciones patronales a la seguridad social, las cuales son tres: las que se hacen directamente al IMSS, las realizadas al Infonavit y las que se realizan a las cuentas individuales de retiro de los trabajadores. En conjunto estas tres contribuciones patronales a la seguridad social incrementan el costo laboral para las empresas, ya que las tres aportaciones implican que por cada peso de salario bruto pagado a los trabajadores, a la empresa le cuesta un 30% adicional y se constituyen, en consecuencia, en un impuesto implícito a la formalidad.

Por lo mismo, permanecer en la informalidad les permite evadir este costo, evadir el impuesto implícito, aunque ello implique que los trabajadores no tengan acceso a la seguridad social. Es por ello que es importante una reforma profunda del sistema de seguridad social, una en la cual los servicios de salud pública sean pagados de la recaudación general de impuestos en lugar de las aportaciones patronales al IMSS y con un acceso universal al sistema independiente de la condición laboral del trabajador.

Un tercer elemento que induce la informalidad es el incentivo a la evasión de impuestos federales, estatales en caso que los haya y municipales como el impuesto predial así como otro tipo de contribuciones, particularmente las que se hacen al nivel municipal (agua, recolección de basura, alumbrado público, etcétera) y, en muchos casos, el pago por el consumo de fluido eléctrico provisto por la CFE. La evasión de los impuestos y contribuciones se suma así a la evasión de los costos regulatorios y a la evasión de los pagos de seguridad social. Por contra, tienen que pagar la extorsión de funcionarios públicos, un “impuesto especial”, que les cobran para dejarlos operar en la informalidad, además del derecho de piso que pudiesen cobrarle la delincuencia.

Miles de unidades económicas operando en la informalidad, empleando a casi 20 millones de trabajadores, el 30% de la población ocupada, se constituyen como un significativo lastre al crecimiento económico derivado, principalmente, de la muy baja productividad con la que operan. Solo en el último año, de un incremento total de personas ocupadas de 992 mil individuos, 574 mil se emplearon en el sector informal.

La productividad factorial total en México ha estado prácticamente estancada explicada en parte la existencia de un amplio sector informal. Entre 1981 y 2021 esta cayó en un promedio anual de 0.35% mientras que la productividad laboral por trabajador empleado cayó entre el cuarto trimestre de 2018 y el tercer trimestre 2023 en 6.1%. Se requiere un profundo cambio estructural que incentive la formalidad y un aumento en la productividad para poder aspirar a mayores y sostenidas tasas de crecimiento económico. No hacerlo, implicaría seguir arrastrando el pesado lastre que representa la informalidad.

Twitter: @econoclasta