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El mundo del juego
La industria del juego y el entretenimiento ha vivido dos etapas contradictorias. El primer ciclo comenzó justo hace 10 años, a finales del sexenio de Vicente Fox, con la modificación del reglamento de la ley vigente, que permitiría la expedición de los nuevos permisos que autorizó el entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda. De 30 bingos que estaban en funcionamiento, a finales del 2004, se pasó a 409 salas de apuestas al cierre del sexenio calderonista.
De esa expansión geométrica se ha pasado a una alarmante contracción en los primeros dos años de la administración peñista. La directora general de Juegos y Sorteos, Marcela González-Salas Petriccoli implementó en este periodo una política de cero tolerancia a los permisionarios.
En enero del 2013, el estado de Chiapas clausura las salas de dicha entidad. En el mes de febrero, el municipio de Monterrey clausuró 12 salas. Y en septiembre cerró dos salas más.
Las autoridades federales decidieron combatir la corrupción, la falta de transparencia e infiltración de la delincuencia organizada en la industria del entretenimiento. Hubo locales en Mazatlán y Reynosa, operados por Petolof, de Sergio Gil, que también fueron cerrados. El récord de locales inhabilitados roza niveles críticos. Los casinos han quedado literalmente proscritos en Aguascalientes, Coahuila, Chiapas y Chihuahua. En abril pasado quedó decretada la revocación del permiso de Entretenimiento de México, a la que sobrevinieron la clausura de siete salas y el cierre de 19 centros de entretenimiento operados por la empresa propiedad de los hermanos Rojas Cardona. Al mismo tiempo declara insubsistente el permiso de Exciting Games, clausurando las seis salas que tenía en todo el país.
Justo hace una semana -el miércoles 5- el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el DF aprobó por unanimidad la resolución respecto al recurso de revisión 212/2014, promovido por la Segob en contra de la sentencia dictada en el juicio 743/2014 por el juez decimosexto del Distrito en Materia Administrativa, con lo que Emex quedó sin derecho de obtener la protección judicial.
En lo que va del año, los juicios interpuestos por Entretenimiento de México, y Exciting Games quedaron resueltos en segunda instancia y la autoridad regulatoria procedió a revocar sus permisos. Y apenas el pasado jueves 6, la Segob notificó a la empresa MegaSport la revocación de su permiso, lo que provocaría el cierre de hasta 40 salas.
Actualmente hay 340 salas en funcionamiento y un entorno de incertidumbre jurídica que lejos de atraer inversiones ha acarreado descrédito e inseguridad en el sector. En ese contexto, el gobierno federal entró en la recta final por definir una política de Estado en la materia. Y si los coordinadores de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados respetan los acuerdos alcanzados con la autoridad federal, el próximo 15 de noviembre iniciará el trámite para dictaminar la iniciativa de la nueva Ley Federal de Juegos y Sorteos Responsables, que dará mayor certeza a las inversiones y abrirá favorablemente el mercado.
La propuesta define a las apuestas como una opción sana , aunque quedará limitada a ciudadanos -mexicanos o extranjeros- mayores de 21 años, y cataloga a los casinos como centros de entretenimiento cuya clientela busca divertirse, mas no ganancias fortuitas.
La iniciativa estipula nuevas reglas y sanciones para los permisionarios y operadores de casas de juego; amplía las especificaciones para obtener un permiso; homologa y controla la operación de las máquinas, instrumentos y software y crea como órgano regulador al Instituto Nacional de Juegos y Sorteos.
Entre las novedades destaca que ahora los permisos tendrán una vigencia de 10 años, aunque podrán ser prorrogados siempre que el permisionario se encuentre al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones. Actualmente los permisos duran hasta 25 años. La definición sobre la temporalidad de los permisos y si esta nueva ley sería retroactiva atoraron las negociaciones entre las fuerzas políticas, que estuvieron de acuerdo en que el permiso para la instalación y operación de casinos, hipódromos, canódromos y frontones sea válido para un único establecimiento, por lo que no podrá amparar a otros aunque pertenezcan al mismo grupo empresarial, como sucede actualmente.
EFECTOS SECUNDARIOS
SEÑALES. En vísperas de que cada grupo parlamentario proponga su terna a la Junta de Coordinación Política del Senado, han quedado desveladas dos precondiciones en la definición sobre la CNDH. Habrá elección, no reelección , refieren legisladores priístas y perredistas, y no será mujer quien quede al frente . De los 21 candidatos, la mejor evaluada es la abogada poblana Patricia Olamendi, quien tendría el veto del panismo por sus posiciones sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo y los derechos reproductivos. Si los atavismos se imponen, ella y el actual ombudsman, Raúl Plascencia Villanueva, quedarían fuera de la terna que será sometida al Pleno el próximo jueves 13. Los finalistas serían, en estricto orden alfabético: Mauricio Farah, Luis Raúl González Pérez y Carlos Pérez Vázquez. ¿Será?