El capital o la vida

La contaminación del río Sonora y Bacanuchi por una minera del Grupo México y la respuesta del gobierno federal, a través de sus agencias de protección al medio ambiente, revelan con claridad las prioridades del Estado mexicano frente a los múltiples y graves casos de devastación ambiental que ocurren en el país.

La contaminación de esos ríos sonorenses, debido a que se vertieron 40 millones de litros de ácido sulfhídrico, fue calificada como el peor desastre ambiental de la industria minera en el país, y sin embargo, el gobierno se negó a clausurar la planta causante del derrame.

El mismo secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud, reconoció la gravedad del daño y sin embargo rechazó la clausura de la minera al considerar que ‘‘lo relevante’’ era el compromiso de la empresa en la compensación económica a los afectados y la remediación de los ríos; dijo que el Grupo México debe pagar una multa de 40 millones de pesos y la reparación del daño que provocó con el derrame de tóxicos en el río Sonora y Bacanuchi que ha afectado a más de 25,000 pobladores de seis municipios sonorenses. El titular de Semarnat llamó a considerar la aportación económica que hace la industria minera.

No parece exagerado concluir que para el gobierno federal parece más importante no afectar la producción económica (en este caso la explotación minera) por encima del cuidado y protección de la salud, es decir la vida, de los pobladores de esa región.

Se trata del peor desastre ambiental de la minería en la historia reciente del país y la postura del gobierno federal es que el Grupo México prosiga con sus actividades.

No es la primera ocasión que un titular del Medio Ambiente federal dice a las claras que importan más los procesos de producción económica que la salud de los pobladores.

En marzo de 2009, Juan Rafael Elvira Quesada, entonces titular de Semarnat del gobierno de Felipe Calderón visitó el poblado de El Salto, Jalisco, donde hace años que los pobladores han denunciado la grave contaminación del río Santiago producida por empresas asentadas en ese distrito industrial. Un año antes, pobladores de El Salto y Juanacatlán se habían movilizado a la ciudad de Guadalajara para reclamar del gobierno federal y estatal una declaratoria de emergencia ambiental.

Al preguntarle las razones por las que no se atendió la recomendación del Senado, el titular de Semarnat dijo que la declaración de una emergencia ambiental conlleva la parálisis de una cantidad de inversiones importantísima en esta región . Añadió que sí hay interés en el saneamiento de la cuenca Lerma-Chapala pero también que a él le interesan, de manera fundamental, las inversiones .

El mensaje de dos secretarios de Medio Ambiente es claro: antes que actuar de manera clara y decidida para frenar procesos de contaminación o devastación ambiental que afectan y enferman a millones de mexicanos, interesa no afectar las actividades económica; en síntesis, antes que proteger la vida, el gobierno decide proteger la acumulación de capital. Un mensaje bastante claro.

Twitter: @rmartinmar