Controversias internacionales

Han pasado cuatro años de la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de Texcoco. Desde entonces, el riesgo de que inversionistas internacionales acudan a instancias judiciales para demandar al gobierno federal por la cancelación de megaobras y contratos para la prestación de servicios ha sido permanente.

La capacidad para anticipar y evitar que la aplicación de las nuevas políticas públicas derivaran en una disputa internacional sería cuestionada desde entonces. La última instancia para resolver esos reclamos está en los sistemas judiciales. Los acuerdos comerciales contemplan mecanismos para solucionar ese tipo de controversias, cuyo final casi siempre resulta desfavorable para las economías estatales. Un estudio elaborado por el Centro para el Fortalecimiento del Estado de Derecho de Georgetown University reveló que durante las naciones latinoamericanas han afrontado demandas por más de 1.5 billones de dólares a lo largo de los últimos 25 años y han sido condenadas a pagar 32,000 millones de dólares en laudos y acuerdos extrajudiciales.

De acuerdo con ese mismo estudio, la gobernanza interna y los problemas institucionales –entre ellos la escasa coordinación entre las secretarías competentes y la inclusión de diferentes ramas y niveles de gobierno—se cuentan entre los principales obstáculos prevenir las reclamaciones y gestionar con éxito los litigios.

Los contratos heredados por la reforma energética del peñismo, pero sobre todo las obligaciones derivadas del nuevo Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá, eran de alto riesgo. No obstante, la Cuarta Transformación ha invocado al interés público para oponerse a la operación de empresas eléctricas, mineras y embotelladoras.

Argentina, México y Venezuela son las tres naciones de Latinoamericanas con mayor número de reclamaciones tramitadas por inversionistas extranjeros ante el incumplimiento de las condiciones de sus tratados comerciales.

Entre las reclamaciones más invocadas está el trato justo y equitativo (FET) y de las 202 quejas interpuestas hasta abril de este año, 34 han sido contra México y otras 32, por presuntas expropiaciones indirectas. Ambas suelen ir aparejadas. Solo hay un caso de “clausula paraguas” –que muchos Estados evitan en sus tratados-- y cuatro quejas por expropiaciones directas. Hay otras 13 quejas por la falta de protección y seguridad plenas.

El Top 10 de las reclamaciones más exorbitantes no tiene como protagonista al gobierno mexicano aunque sí hay una –por 439 millones de dólares— tramitada por Gruma contra Venezuela. En el listado de las cinco demandas más costosas, por el contrario, hay dos litigios: uno, de Holcim, por 650 millones, y otro de Cemex, por 500 millones, ambos conta el gobierno encabezado por Nicolás Maduro.

 La mayoría de las disputas entre inversionistas y Estados son administradas por centros de arbitraje. El más recurrido por las naciones del hemisferio es el Centro Internacional para la Solución de Controversias Relativas a Inversiones (ICSID, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial. La Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, la Corte de Arbitraje Internacional de Londres, la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional y el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo también son instancias habilitadas para intervenir. De los 340 registros existentes, 295 están actualmente en el ICSID. 

En Georgetown Law, CAROLA ha implementado una iniciativa para identificar y cartografiar la capacidad institucional de los países de Latinoamérica para prevenir y gestionar las reclamaciones de los inversores extranjeros. Sus investigadores han detectado que muchos inversionistas utilizan los costes, el tedio y la desfavorabilidad de los procedimientos de disputa contra los Estados para coaccionarles. Y a pesar de que el importe adjudicado en los arbitrajes suele ser muy inferior al reclamado por los inversionistas, la cuantía de los laudos es asombrosamente elevada.

Y también han detectados que los bufetes de abogados están muy bien remunerados por este tipo de litigios. Según algunos informes, los honorarios y gastos legales por litigio rondan los 4.9 millones de dólares para los Estados y los seis millones de dólares para los inversionistas.

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