169,000 millones de dólares en cinco años

Uno de los grandes errores de la reforma energética de 2013 fue subestimar la elasticidad de la oferta de inversión. Pensando que el apetito de los inversionistas abrumaría las deficiencias contractuales, regulatorias y de materialidad de las oportunidades, la histórica primera subasta de la ronda 1 terminó con 12 de cada 14 bloques ofrecidos sin adjudicarse. Como diría Lopez Obrador, no llegó la dolariza.

Ajustar los términos contractuales y de materialidad resultó más fácil sin Pemex que con Pemex. Sin Pemex, las rondas siguientes fueron muy concurridas, con un porcentaje de asignación muy alto. Con Pemex, el interés fue mucho más bajo que lo que se esperaba. Hoy hay tres asociaciones relevantes a partir del esquema de farm-outs concursados, incluyendo el emblemático proyecto de Trion. Pero otras oportunidades importantes, como la del bloque petrolero de Nobilis-Maximino que representaba una potencial inversión de casi 11,000 millones de dólares, terminaron canceladas por falta de interés. El problema no fue que la geología en asignaciones de Pemex no prometiera, sino que los términos contractuales no lograron convencer.

Más adelante, López Obrador desairó la forma tradicional de asociación con los privados. Pero los privados también desairaron su modelo: la asociación disfrazada con Pemex a partir de contratos de servicios integrales. De aquí salieron pocas inversiones y pocos proyectos, que prácticamente no han movido la aguja ni en inversión ni en producción. De rescatar a Pemex mejor ni hablar.

Lo mismo parece ser cierto para los contratos mixtos petroleros de la Administración actual, que acabaron en muy pocos participantes y una fracción de la inversión. Ya en forma de tendencia a lo largo de tres sexenios, la moraleja es bastante clara. El petróleo mexicano en el contexto moderno puede llegar a ser atractivo para la inversión. Pero no genera desbandadas ni estampidas. La oferta de inversión en este sector es muy elástica, particularmente sensible a los términos contractuales.

Para ser exitoso, el ambicioso programa de inversión de la presidenta Sheinbaum no puede perder todo esto de vista. Los 169 mil millones de dólares que busca desplegar en energía en los próximos cinco años, la cifra que le reveló a los banqueros al introducir la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica en la convención de la ABM en Cancún, implican 33,800 millones de dólares por año. En contraste, la inversión total de CFE y Pemex en conjunto en 2024 no llegó ni a 15,000 millones de dólares. En 2013, su año récord, alcanzaron los 23,711 millones de dólares. El promedio combinado de CFE y Pemex desde que López Obrador llegó a la presidencia es de 12,700 millones de dólares. Lo que la presidenta quiere implica casi el triple, año por año. El diferencial acumulado por cinco años entre el inercial de la 4T y lo que busca es de más de 100,000 millones de dólares.

A ese potencial, por fortuna, le falta el de la inversión privada. Aún con todas las restricciones que se han introducido a la inversión privada en el sector energético desde que López Obrador, la inercia fue suficiente para que se materializaran varias decenas de miles de millones de dólares privados de inversión. En particular en el sector eléctrico, se alcanzaron hasta 8,000 millones de dólares de inversión en un solo año. Pero ni sumando un año récord de Pemex y CFE con el de privados eléctricos sería suficiente.

La altura de miras sin duda ayuda. Igual que la nueva ley. Juntas tienen buena pinta. Pero si de verdad vamos a apuntar tan lejos, hay que evitar los errores del pasado. De entrada, no hay que subestimar la elasticidad de la oferta de inversión. Si los términos contractuales y regulatorios no dan para competir con otras oportunidades a gran escala, otra vez no va llegar la dolariza.