Acuerdo legal afecta a utilidades de Citigroup

Citigroup reportó una caída de 96% en sus ganancias trimestrales, luego de asumir un cargo por 3,800 millones de dólares, relativo a un acuerdo de 7,000 millones de dólares con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, por la venta de valores basados en hipotecas de mala calidad.

La cifra acordada para el pago fue más del doble de lo que esperaban los analistas a principios de este año, pero menos que los 12,000 millones de dólares solicitados por el gobierno en las negociaciones con el banco.

La ganancia ajustada del banco en el segundo trimestre, que excluye el cargo por el acuerdo y algunos cambios en el valor de la deuda del banco, fue de 3,930 millones de dólares, en comparación con los 3,890 millones de dólares del año anterior.

La reacción en Wall Street fue inmediata, donde los títulos de Citi subieron 3.02%, a 48.42 dólares.

Citigroup prevé pagar 4,500 millones de dólares al Departamento de Justicia y 500 millones de dólares a la agencia estadounidense de garantía de depósitos bancarios (FDIC), así como a fiscales de varios estados del país vinculados con el caso.

Los 2,500 millones de dólares restantes servirán para resarcir a los clientes estadounidenses de diferentes formas, por ejemplo, con una reducción de préstamos inmobiliarios y otras ayudas en el sector, añade la empresa en el texto.

El acuerdo anunciado junto con el Departamento de Justicia, fiscales y la FDIC resuelve todos nuestros litigios en curso sobre la titularización de préstamos inmobiliarios RMBS (Residential Mortgage-Backed Securities) y CDO (obligaciones estadounidenses adosadas a créditos inmobiliarios) , indicó el presidente de Citi, Michael Corbat, en el comunicado.

Este acuerdo pone un término a varios meses de negociaciones arduas entre el banco y las autoridades estadounidenses, que habían amenazado hace un tiempo a Citigroup con llevarlo ante un tribunal penal.

El banco propuso al inicio de las negociaciones pagar 363 millones de dólares mientras que el Departamento de Justicia exigía 12,000 millones.

El origen de este caso se remonta a la crisis financiera del 2007-2008, provocada por los préstamos subprime que comercializaron varios bancos, vinculados a deudores insolventes, y que perdieron mucho valor con el derrumbamiento del sector inmobiliario.