Jurisprudencia del PJF permitirá recuperar dinero perdido por fraude bancario de forma más rápida

A menudo leemos historias de famosos y no famosos que fueron víctimas de un fraude bancario. De la nada y sin percatarse, miles de pesos son transferidos de sus cuentas a la de un tercero. Cuando buscan recuperar su dinero, prácticamente es imposible o tardan años en resolver el conflicto, aun acudiendo a Condusef. 

Todo indica que este camino tortuoso acabó o, al menos, será más llevadero: el Poder Judicial de la Federación (PJF) resolvió una jurisprudencia que hará la vida más simple a los usuarios del sistema financiero que enfrenten esta situación.

En días pasados, el PJF determinó que, si un banco u otra institución financiera no acredita legal y legítimamente que el usuario autorizó cierta transferencia o retiro de dinero, el dictamen que emita la Condusef respaldando esa resolución puede usarse como título ejecutivo para exigir a la entidad financiera que restituya el recurso. La medida entró en vigor el 24 de agosto de 2026.

¿Qué es un título ejecutivo? Es un documento al que la ley le otorga la fuerza necesaria para exigir el cumplimiento inmediato de una obligación o deuda ante un juez, sin necesidad de un juicio largo para probar que ésta existe. Esta característica la tienen, por ejemplo, los pagarés.

¿Cómo funciona el proceso?

Marco Antonio Cervera, abogado y académico en la materia, considera que la determinación del PJF es un gran paso para los usuarios del sistema financiero que son afectados en su patrimonio por un fraude.

¿Qué se debe hacer? Si el usuario no reconoce una operación en su cuenta bancaria o no bancaria, lo primero es ir con la institución responsable. Si ésta no resuelve, se debe acudir con la Condusef para presentar la queja correspondiente.

Si el banco no acredita que el usuario realizó la transferencia reclamada, la resolución o dictamen que emita Condusef se convierte en un título ejecutivo. Con él se debe acudir con un juez mercantil y solicitar el embargo por las cantidades señaladas para que la institución pague de inmediato

El especialista comenta que para ir con la Condusef no es necesario la asesoría de un abogado; sin embargo, para pedir la orden de embargo con un juez mercantil sí es recomendable que se apoye de un profesional en materia legal.

“Va a ser un proceso más rápido. Si ya tienes la resolución de Condusef, un buen abogado presenta la demanda mañana y, normalmente, un juez mercantil puede dar la orden de embargo en una semana”, dice el especialista.

A lo largo del último año, acota Cervera, el PJF fue construyendo una especie de defensa para los usuarios del sistema financiero, con diversas determinaciones, lo cual cobra especial importancia en tiempos donde herramientas como la Inteligencia Artificial ganan terreno en materia de fraudes.

José Mario de la Garza, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, dice que esto no implica que el banco quede indefenso: “significa que ya no podrá convertir su opacidad tecnológica en la condena del cliente. Si administrar el sistema que permitió que saliera el dinero, debes poder demostrar quién dio la orden”.

Al respecto, Cervera comenta que la institución puede recurrir a un juicio mercantil ejecutivo para defenderse, previo embargo por la resolución de Condusef. Sin embargo, queda muy “apretada” para desvirtuar un título ejecutivo.

¿Qué dice Condusef?

El presidente de la institución, Oscar Rosado, considera que es una buena noticia para el usuario, ya que el dictamen que emite la dependencia constituye un elemento de alto valor probatorio a favor de los intereses del afectado durante el proceso de un juicio.

El dictamen es una opinión técnica de la Condusef en el que define si el usuario tiene o no la razón; la mayoría de los que se realizan tiene que ver con quejas hacia un banco. En 60% de los casos, acota Rosado, se da la razón al usuario, “no siempre es posible dársela, porque jurídicamente no la tiene”.

Cuando hay un dictamen favorable y el usuario entra en los criterios de vulnerabilidad social, como es ser de la tercera edad o con algún tipo de discapacidad, éste puede solicitar la defensoría legal gratuita. Cada año, la institución apoya a cerca de 1,500 personas en esa situación. En esos casos se gana 99% de los asuntos en tribunales, asegura el funcionario.

Hasta antes de la jurisprudencia, lograr una resolución en firme en tribunales a favor del usuario tardaba hasta año y medio, “no es en automático”; ya que se logra, el banco debe pagar, “no le queda de otra”.

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