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Diputados usan a Tulum como ejemplo para legislar contra publicidad de “playas privadas”

La diputada de Morena Beatriz Andrea Navarro Pérez puso a Tulum, junto con Punta Mita, Los Cabos y costas de Jalisco, como ejemplo de un patrón que ya cobra hasta 40 por ciento más por una exclusividad que la Constitución no reconoce.

Foto EE:Gilberto Marquina

Cancún, QRoo.- La Cámara de Diputados analiza una reforma al artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor para que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) frene anuncios que venden inmuebles, membresías u hospedaje con “playa privada”, “playa exclusiva” o “acceso privado al mar”.

La diputada de Morena Beatriz Andrea Navarro Pérez puso a Tulum, junto con Punta Mita, Los Cabos y costas de Jalisco, como ejemplo de un patrón que ya cobra hasta 40 por ciento más por una exclusividad que la Constitución no reconoce.

La iniciativa da cinco facultades nuevas a la Profeco. Primera, vigilancia permanente de páginas de internet, plataformas de reservación y redes sociales. Segunda, orden de retiro inmediato de esos anuncios. Tercera, investigaciones y sanciones de oficio, sin esperar denuncia. Cuarta, un listado semestral de empresas que sí cumplan. Quinta, coordinación de Profeco con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Turismo y los gobiernos estatales.

En la exposición de motivos se dijo que vecinos, familias de pescadores y activistas llevan años denunciando el cercamiento de playas históricas y la colocación de mallas, “mientras esos mismos desarrollos se anuncian en internet como espacios de playas privadas; es el mismo patrón que se repite en Tulum y en Los Cabos, donde nuestra propia presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ordenó investigar la privatización de las playas y fue clara al decir que las playas son del pueblo y que tienen que abrirse”.

En Quintana Roo el antecedente más citado es Bahía de Akumal, donde desde 2013 el Centro Ecológico Akumal y hoteles colindantes bloquearon un camino que por décadas sirvió de acceso público; el conflicto llegó a amparos y al Cabildo de Tulum, que ordenó reabrir el paso. En Tankah y Chemuyil el acceso sigue condicionado al consumo en clubes y hoteles, pese a que la ley obliga a servidumbres de paso.

El artículo 27 constitucional reserva las playas y la Zona Federal Marítimo Terrestre a la nación. En México no hay playas privadas. Navarro Pérez aclaró que la reforma no busca detener la inversión, sino que “se haga con la verdad por delante” y que ningún desarrollador venda lo que la Constitución prohíbe.

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