Aumento del gasto social en estados presionaría balance operativo: Moody’s

Entre los años 2022 y 2025 el gasto social de los gobiernos estatales creció a una tasa promedio anual de 17%; en línea con la tendencia que también se observa a nivel federal, ahora consume mayor parte del gasto operativo, lo cual reduce el espacio fiscal, de acuerdo con un análisis realizado a 19 entidades federativas calificadas por Moody’s local México.

El gasto social se define como “los egresos no etiquetados que los estados destinan para el financiamiento del pago de pensiones y jubilaciones, subsidios y ayudas sociales”, que registraron un mayor crecimiento y por lo tanto son el mayor foco de presión hacia una rigidez del gasto, ya que factores políticos dificultan su recorte en periodos de bajos ingresos.

En contraste, el crecimiento promedio de los ingresos operativos en dichas entidades fue de 12%; el gasto social también superó el alza de sueldos y salarios (9%), “que históricamente ha sido el rubro de gasto que más ha generado presión”.

Al desglosar el gasto social por rubro, las pensiones y jubilaciones aumentaron 5% anual en el periodo, los subsidios 9% y las ayudas sociales 38 por ciento.

El gasto social en su conjunto pasó de representar 5.6% del gasto operativo en el 2022 a 7.2% en el 2025.

Aunque las ayudas sociales combaten la pobreza y la desigualdad, también endurecen el presupuesto estatal porque son políticamente costosas de reducir, explica la calificadora. “En el 2021, las ayudas sociales representaron 29% del gasto social en promedio entre los estados calificados, para el 2025, en 51 por ciento”.

En el caso de Tabasco el gasto en ayudas sociales se multiplicó por 55 en términos nominales y alcanzó 5.2% del gasto operativo; Quintana Roo, Nayarit, Guanajuato y Sinaloa le siguieron en aumento.

Como proporción del gasto operativo: Guanajuato, con 7.9%, y Estado de México con 7.4%, fueron las entidades que más recursos destinaron a ayudas sociales durante el 2025.

Tabasco es el estado con menos margen de maniobra. En el 2025 destinó 8% de su gasto operativo al gasto social, con un déficit de -5.5% de sus ingresos operativos y una liquidez de apenas 0.3 veces, además de usar deuda de corto plazo, “condiciones que debilitan su perfil crediticio”. En situación similar se encuentran Sonora y Baja California.