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Estados no han esclarecido el gasto de 12,506 millones de pesos: Imco
El instituto propone generar incentivos para mejorar la calidad y transparencia.
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Las entidades federativas no han podido acreditar el gasto de 12,506 millones de pesos pertenecientes al gasto federalizado, según el reporte Hablemos de Auditorías, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
El análisis que se elaboró a partir de la Cuenta Pública 2019 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), detalla que se encontraron irregularidades en las aportaciones realizadas a los estados (recursos etiquetados) por un monto de 13,311 millones de pesos, de los cuales, únicamente se pudieron recuperar 805 millones.
Precisamente, 58.6% de los montos por acreditar se concentra en los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y que se transfirieron a tres estados en particular: Ciudad de México, Chiapas y Oaxaca.
En términos monetarios y porcentuales con respecto a las aportaciones transferidas a cada entidad, la capital del país no ha esclarecido el destino de más de 4,000 millones de pesos, que representan 29.9% del porcentaje de aportaciones que se gastaron en la urbe (16,192 millones).
“Mientras que Chiapas tiene 1,887 millones de pesos por aclarar, lo que representa 4.0% del porcentaje de aportaciones que se gastaron en la entidad (46,826 millones. Y Oaxaca, con 1,567 millones por clarificar, lo que representa 3.6% del porcentaje de aportaciones que se gastaron en la entidad (16,192 millones)”, se lee en reporte.
Por el lado contrario, Querétaro ha acreditado todos sus montos en la auditoría de la ASF.
Sobre la importancia de este análisis, el Imco recordó que en el 2019, 46.2% de los ingresos estatales provino de las aportaciones federales.
“Después de las participaciones y los recursos destinados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), las aportaciones son el tercer componente más importante del gasto federal. De acuerdo con datos de la Cuenta Pública 2019, en ese año se gastaron 743,000 millones de pesos en aportaciones, 12.77% del gasto neto total del gobierno federal”, añade el informe.
Cabe recordar que las transferencias federales del gobierno federal a estados y municipios buscan fortalecer sus sistemas educativos, salud, desarrollo social, infraestructura y sus finanzas públicas. “En este contexto, la fiscalización del gasto federalizado adquiere una mayor relevancia”.
También, las aportaciones federales están divididas en ocho fondos que se destinan a diversos objetivos y que se pueden agrupar en cuatro áreas temáticas: educación, salud, seguridad e infraestructura.
Los fondos que fueron analizados son: de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto (FONE), de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados (FASP), de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
Así como los de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), de Aportaciones Múltiples (FAM) y de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).
Más hallazgos
Además de acreditar los recursos que se utilizaron para los rubros de salud, el estudio también encontró que Chiapas es el estado con más recursos pendientes de acreditar en materia de educación, con 552 millones de pesos.
Por su parte, Aguascalientes (con 127 millones de pesos) y Puebla (96 millones) son las dos entidades que destacan de las demás con más recursos pendientes de acreditar en materia de seguridad pública, debido a que no han presentado documentación comprobatoria del destino del gasto.
Asimismo, la Ciudad de México (con 241 millones de pesos), Michoacán (228 millones) y San Luis Potosí (177 millones) son los estados con más recursos para acreditar materia de infraestructura pública.
Observaciones
Entre las propuestas que detalla el Imco destaca que se deben generar incentivos para mejorar la calidad y transparencia, así como actualizar los marcos jurídicos estatales de planeación.
También se deben identificar las buenas prácticas que resultan en pocos montos por aclarar y una calificación alta en el Índice de Desempeño de la Gestión de Gasto Federalizado.