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Alza al salario mínimo presiona las finanzas del gobierno federal por tabuladores del Apartado B

De acuerdo con el presidente de la Conasami, las alzas acumuladas al salario mínimo han superado en diversos niveles el salario base tabular de miles de servidores públicos.

El incremento al salario mínimo no sólo implica un esfuerzo financiero para las empresas del sector privado; también representa una presión directa sobre el gasto del gobierno federal en su papel de empleador, ya que al tener que ajustar las percepciones de los servidores públicos de base y confianza que quedan por debajo del piso legal, la administración pública enfrenta costos crecientes para evitar violar la ley laboral.

En entrevista, Luis Munguía Corella, presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), explicó que la legislación es categórica, ningún trabajador en el país puede percibir un ingreso inferior al salario mínimo, independientemente de que se rija bajo las disposiciones del Apartado B del Artículo 123 constitucional, relativo a los empleados al servicio del Estado.

"Todos los trabajadores, aunque no seamos del Apartado A, estamos protegidos por el principio de que nadie puede ganar por debajo del salario mínimo. Esto obliga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a retabular a todo el personal que queda por debajo del nuevo monto, y la realidad es que a la Federación le cuesta una cantidad importante de recursos cada año", señala Munguía.

El impacto presupuestal para el sector público se profundiza debido a la estructura que históricamente ha utilizado el gobierno para compensar a sus trabajadores; las remuneraciones en la administración pública suelen dividirse en dos componentes principales, el primero es el salario base de cotización y el segundo las compensaciones complementarias o montos garantizados.

De acuerdo con el presidente de la Conasami, las alzas acumuladas al salario mínimo han superado en diversos niveles el salario base tabular de miles de servidores públicos. Esto genera un efecto dominó en las obligaciones patronales del Estado.

"El salario mínimo ya rebasa frecuentemente el salario base de cotización. Ante esto, el gobierno se ve forzado a transferir parte de los montos garantizados directamente al salario base para cumplir con el límite legal. El problema de fondo es que mover recursos hacia el salario base incrementa de manera automática el costo de las prestaciones y, sobre todo, el pasivo de pensiones", advierte el funcionario.

A este desembolso recurrente de retabulación y seguridad social se suma el impacto en programas sociales federales vinculados a esta referencia económica, como Jóvenes Construyendo el Futuro, cuyas becas aumentan en la misma proporción en que se ajusta el salario mínimo general.

Sin embargo, esta medida trasciende la presión para el gobierno federal, el incremento es un motor estratégico para reactivar el mercado interno, fortalecer el poder adquisitivo de los hogares y asegurar una recuperación de los ingresos progresiva y ordenada.

Así, se sostiene que un ingreso básico digno resulta esencial para combatir la brecha de desigualdad sin poner en riesgo la estabilidad macroeconómica.

Para Munguía, este balance financiero forma parte ineludible de las deliberaciones rumbo a la fijación de la tarifa para el próximo año.

Periodista dedicada a los temas laborales, empleo, sindical. En El Economista Pilar Martínez es reportera de Empresas y Negocios.

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