Lectura 3:00 min
Falta de energía confiable y asequible frena nuevas inversiones
Las políticas de la 4T para favorecer a la CFE y acotar esquemas como el autoabastecimiento eléctrico o negar permisos para la entrada en operación de nuevas plantas ya han inhibido la ejecución de nuevas inversiones, principalmente en el norte del país.
Para la era de la electromovilidad se requiere energía renovable suficiente, señaló la AMIA. Foto: Reuters
México no sólo perdió la inversión millonaria de Tesla y Samsung para la fabricación de vehículos eléctricos y semiconductores en los dos últimos años por el freno regulatorio en la política energética implementado por el gobierno morenista, sino que actualmente se enfrenta a decenas de compañías que reevalúan si mantendrán sus capitales en el país, pese al “momentum del nearshoring”, afirmaron representantes de organismos empresariales en México.
“Hay una gran necesidad de energía en el país y México no tiene la producción actual ni futura que se requiere, es un problema, porque ya hemos visto apagones en el sureste por la falta de producción que tiene la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y lamentablemente, no se están haciendo las inversiones que se requieren por haberle cerrado la llave al sector privado, y el más afectado será el país”, dijo Larry Rubin, presidente de The American Society of México.
Incluso, el freno que emprende la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en el modelo de generación de electricidad del autoabasto por “supuesto abuso” de empresas privadas ha llevado a que se eleven hasta 12% sus gastos, al verse limitados, sostuvo.
Al no tener capacidad financiera ni operativa para proveer energía eléctrica a precios competitivos, en México se permitió la figura del autoabasto especialmente en el sector manufacturero, y de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) se permitió un total de 468 permisionarios (de los cuales 347 tienen permisos vigentes) generaran electricidad en sus propias plantas y no tuvieran que depender del suministro de la CFE para esa actividad.
Desde 1994 hasta el 2019, 430 permisionarios del sector privado y 38 permisionarios del sector público (dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y gobiernos locales) invirtieron 26,800 millones de dólares en la construcción de centrales eléctricas que operan bajo esta modalidad.
Sin embargo, el gobierno tiene en la mira a 110 permisionarios para cancelar, bajo el argumento de abusos.
José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), afirmó que esta situación ha generado un clima de incertidumbre y las inversiones en la industria manufacturera se encuentran en stand by, aunque también impacta a empresas del rubro turístico y comercial.
Las trabas para operar en el sector energético van más allá del eléctrico, pues “hay 500 solicitudes de gasolineras detenidas en la CRE, que hace apenas unos días comienzan a activarse. Además existen sanciones de la CRE para clausurar algunos de los establecimientos y 500 solicitudes en la CRE de gas LP”, expresó el líder de la Coparmex.
“Tenemos información de empresas en Texas (Estado Unidos) con proyectos de inversión en México, con financiamiento, que han dicho mejor no invierto en México”, a pesar de que se ha abierto un abanico de oportunidades para instalarse en nuestro país, tras la guerra comercial de Estados Unidos con China, alertó Medina Mora.
Larry Rubin agregó que “han sido decenas de empresas que han considerado sus inversiones futuras en México”.
José Zozaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), comentó que el compromiso del sector automotriz es que la fabricación de sus vehículos deberá realizarse con energías limpias. Expuso que para la era de la electromovilidad se requiere infraestructura y energía renovable suficiente.