Política de vivienda rompe con condiciones de hacinamiento

La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, aseguró que la actual Política Nacional de Vivienda rompe con las condiciones de hacinamiento y de violencia de género que provocó la falta de planeación en el sector de administraciones pasadas.

A partir de este gobierno, la vivienda no es vista como un negocio, sino como un derecho consagrado en la Constitución, y debemos garantizar que lo ejerzan todas y todos los mexicanos , abundó Robles.

La dependencia refirió en un comunicado que en lo que va del sexenio, los hogares entregados por los diferentes institutos de vivienda del Estado cuentan al menos con dos habitaciones, a fin de que sus propietarios tengan una vida digna en beneficio de sus familias.

Durante una gira de trabajo por Mérida, Yucatán, explicó que la puesta en marcha de la estrategia Un Cuarto Adicional o Cuarto Rosa se ha convertido en un elemento para combatir la violencia contra niñas y adolescentes, toda vez que les permite tener mayor intimidad y sentirse más seguras en sus casas.

Asimismo, la funcionaria federal atestiguó la firma de un convenio entre el Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo) y 10 municipios de la entidad, a fin de mantener e incrementar las acciones de vivienda en beneficio de la población menos favorecida.

En ese sentido, el director general del Fonhapo, Ángel Islava Tamayo, recordó que en lo que va de la actual administración en Yucatán se realizaron casi 16,000 acciones de vivienda con una inversión de casi 403 millones de pesos, de las cuales 1,339 correspondieron a viviendas nuevas. Así como 14,611 a ampliaciones y mejoramientos, además, gracias al convenio firmado, esta cifra podrá incrementarse en beneficio de miles de familias yucatecas, mencionó.

Robles Berlanga también entregó títulos de propiedad, bonos de adquisición, subsidios y acciones de vivienda de la estrategia Papelito Habla, a fin de ofrecer certeza jurídica y seguridad patrimonial a diversos sectores de la población, como personas de la tercera edad, mujeres jefas de familia, indígenas, personas con discapacidad y miembros de la policía.