Piden al INE aclarar nombramiento del director de Administración por posible conflicto de interés

La representación del PRI ante el Consejo General del INE, la diputada Marcela Guerra, pidió a este organismo electoral aclarar si su director de Administración, Jesús Octavio García González, tiene algún conflicto de interés, ya que anteriormente forma parte de los proveedores que suministraban materiales a este y otros entes electorales.

Durante la sesión extraordinaria del INE, la priista destacó que ante la necesidad de cumplir con los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia y, por supuesto, rendición de cuentas que rigen el funcionamiento electoral.

Es necesario aclarar el nombramiento de Jesús Octavio García González, ya que la integridad de la administración de los recursos del propio Instituto, y la confianza en las decisiones que hoy se adoptan "depende en buena medida de que exista plena claridad y certeza respecto a quienes tienen a su cargo la conducción administrativa y, por supuesto, financiera del INE".

La diputada sostuvo que no se trata de abrir un debate ajeno, sino de reforzar el contexto de integridad pública en el que este Consejo General está llamado a pronunciarse.

"La administración de los recursos públicos del Instituto Nacional Electoral es un asunto de interés público porque ejercen precisamente recursos públicos y los recursos son de los mexicanos. Entonces, en ese sentido, por ello exige los más altos estándares de integridad, transparencia y rendición de cuentas", dijo ante la polémica surgida por este nombramiento.

Y es que recalcó que cualquier circunstancia que genere dudas razonables sobre la imparcialidad en la toma de decisiones administrativas debe ser atendida con claridad institucional y sin ambigüedades.

"En días recientes medios de comunicación, informaron que el señor Jesús Octavio García González, actual Encargado de Despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración en el INE, habría transitado de un lapso aproximado de siete meses para mantener una relación desde la proveeduría, es decir, como proveedor del propio Instituto, a encabezar el área responsable de administrar y supervisar el uso de los recursos públicos.

"Dichas publicaciones difundidas el 3 y 4 de febrero específicamente no han sido acompañadas, hasta ahora, de una posición institucional clara y pública por parte del Instituto", criticó la legisladora ente el silencio del INE sobre este asunto.

Ante esto, solicitó que el INE fije una posición institucional clara y tajante sobre si existe o no un conflicto de interés, y si hubiera, en este caso, de ser así, que se adopten las decisiones conforme al derecho corresponda, y asimismo que se dé puntual seguimiento al procedimiento que substancia ante el Órgano Interno de Control y, en su caso, la Auditoría Superior de la Federación.