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Persisten dudas sobre transparencia y regulación en adquisición de drones entre México y EU
Del 7 al 21 de septiembre de 2026, el Ejército mexicano derribó cinco drones utilizados por el crimen organizado durante la operación Águila Alta.
El Ejército mexicano derribó cinco drones utilizados por el crimen organizado durante la operación Águila Alta, una maniobra de combate a sistemas no tripulados realizada en la frontera entre México y Estados Unidos del 7 al 21 de septiembre de 2026, de acuerdo con la información proporcionada sobre la cooperación bilateral en materia de seguridad.
Según el artículo, U.S. Policy and Drones in Latin America: Some Recent Developments, realizado por Adam Isacson, dicho operativo se desarrolló bajo un esquema denominado “en espejo”, mediante el cual ambos países coordinaron sus acciones, pero cada uno operó sus propios equipos dentro de su territorio nacional.
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Este mecanismo permitió realizar maniobras de detección y neutralización de drones sin contemplar el despliegue de tropas estadounidenses en territorio mexicano, según la descripción del ejercicio.
También se explicó que la operación se enmarcó en los esfuerzos de ambos gobiernos para enfrentar el uso de aeronaves no tripuladas por organizaciones criminales, particularmente en la zona fronteriza, donde estos dispositivos pueden emplearse para labores de vigilancia y otras actividades ilícitas.
Un mes antes del operativo, el 16 de agosto, México firmó una Declaración de Intención (Statement of Intent) para permitir a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) acceder a la plataforma de comercio electrónico militar del Ejército estadounidense, mediante la cual podría adquirir drones y sistemas antidrones.
Con base en el artículo, algunos medios de comunicación, entre ellos CNN y Wired, describieron el entendimiento como un acuerdo, los registros referidos en la información disponible indican que México no había realizado compras a través de esa plataforma.
Persisten dudas sobre transparencia y regulación
La información disponible también advirtió sobre la falta de transparencia en los términos de transferencia o préstamo de algunas de estas tecnologías militares. Según el autor, los registros consultados no mostraron notificaciones legislativas ni condiciones públicas detalladas sobre los mecanismos de cooperación relacionados con los MQ-9 Reaper.
