ONU pide acabar con perfilamiento racial de migrantes

El Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de la ONU emitió sus observaciones finales sobre el cuarto informe periódico de México, en las que expresó su preocupación por la persistencia de violaciones a los derechos humanos de personas migrantes en el país, incluyendo detenciones arbitrarias, violencia, discriminación y falta de garantías procesales.

Además, el documento elaborado por la dependencia de la ONU explicó que, entre enero y agosto de 2024, más de 700,000 personas adultas fueron detenidas en estaciones migratorias, muchas de ellas sin garantías legales ni acceso efectivo a procedimientos de regularización.

Persiste “la ausencia de medidas para garantizar de manera efectiva la no detención —sin excepción— de personas en particular situación de vulnerabilidad, incluyendo solicitantes de asilo, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, víctimas de trata de personas y otros delitos, entre otros; la continuidad del uso de términos como ‘aseguramiento’ o ‘presentación’ para describir medidas de privación de libertad de personas migrantes, que contribuye a la opacidad de esas prácticas y a las barreras para el ejercicio de las garantías de debido proceso”, se explicó.

El Comité reconoció algunos avances legislativos y de política pública por parte del Estado mexicano, como la ratificación de convenios internacionales, reformas a la Ley de Migración y la adopción de instrumentos como el Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación. Sin embargo, advierte que subsisten problemas estructurales y una tendencia a priorizar un enfoque de seguridad nacional sobre la protección de derechos humanos.

Fuerzas Armadas y discriminación

Entre sus señalamientos se destacó la militarización de la gestión migratoria y la participación de empresas privadas en tareas de control migratorio, así como la persistencia de revisiones arbitrarias en vías públicas.

Se encontró “el uso generalizado de operativos de revisión y/o verificación migratoria en lugares distintos a los destinados al tránsito internacional, como estaciones de autobuses, trenes, carreteras y centros comerciales, vías públicas, entre otros espacios, por múltiples autoridades, algunas de las cuales no tienen facultades estatutarias de control migratorio, como policías locales y elementos de las fuerzas armadas. Ello, a pesar de lo dispuesto por la SCJN en la sentencia del Amparo en Revisión 275/2019 que declaró la inconstitucionalidad de los artículos 97 y 98 de la Ley de Migración”.

Asimismo, se denunció la falta de investigación y rendición de cuentas en casos de violencia extrema contra personas migrantes, incluyendo masacres y hallazgos recientes de fosas clandestinas en Jalisco y Tamaulipas.

En materia de no discriminación, se urge a México a eliminar el perfilamiento racial, asegurar el acceso a servicios esenciales sin importar el estatus migratorio, y aplicar enfoques interseccionales en todas las políticas públicas. Además, se destacó la necesidad de garantizar el acceso a la justicia y la reparación efectiva para víctimas de violaciones a derechos humanos.

El informe enfatizó la urgencia de investigar crímenes contra migrantes, erradicar la impunidad, y desarrollar mecanismos eficaces para la búsqueda de desaparecidos. Asimismo, se exhorta a garantizar la no repetición de hechos como el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez.