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Intenta industria influir en salud
Ana Larrañaga, investigadora de salud alimentaria, detalló que las tácticas más comunes incluyen el uso de leyes para obstruir políticas, el financiamiento de estudios sesgados, campañas de desinformación y la cooptación de espacios académicos y regulatorios.
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Organizaciones civiles documentaron más de 100 casos en los que la industria de alimentos ha buscado interferir en la legislación de países de América Latina en áreas como etiquetado y publicidad dirigida a infancias.
A través de VIA (Vigilando a la Industria Alimentaria), una plataforma digital abierta y colaborativa impulsada por El Poder del Consumidor y la Comunidad Latinoamericana y del Caribe de Nutrición y Salud (COLANSA), se indicó que se busca visibilizar prácticas como el cabildeo, las puertas giratorias y la captura del Estado, las cuales —según sus promotores— han afectado la regulación en materia de etiquetado, impuestos saludables, publicidad infantil, entornos escolares y programas de nutrición.
De acuerdo con los primeros hallazgos, se han identificado 166 entidades comerciales que han desplegado estrategias de interferencia en la región, entre las más mencionadas destacan Coca-Cola (38 casos), PepsiCo (19), Postobón (18), Nestlé (15), Kellogg’s (12), Bimbo (9) y organizaciones empresariales como ConMéxico (9).
El caso mexicano es uno de los más relevantes en la región, pues se documentaron 32 registros de interferencia (el mayor número de la región por delante de Colombia, con 30 casos; Chile, con 16 y Brasil, con 15).
Según la plataforma, en México el sector privado ha influido de manera significativa en temas clave como el etiquetado frontal de alimentos, los impuestos saludables, la regulación de la publicidad y los entornos escolares, recurriendo a tácticas que van desde el cabildeo político hasta la financiación de estudios científicos favorables a sus intereses.
El repositorio también registró episodios en los que corporaciones interfirieron en la regulación de publicidad dirigida a niñas y niños y presionaron contra la prohibición de venta de comida chatarra en escuelas y desplegaron narrativas sobre supuestos “efectos económicos negativos” de medidas de salud, buscando frenar políticas fiscales o normativas.
Ana Larrañaga, investigadora de salud alimentaria, detalló que las tácticas más comunes incluyen el uso de leyes para obstruir políticas, el financiamiento de estudios sesgados, campañas de desinformación y la cooptación de espacios académicos y regulatorios.
