Huachicol fiscal: gobierno busca rastrear combustibles en toda la cadena de suministro

El gobierno mexicano decidió cambiar la estrategia para combatir el llamado huachicol fiscal. El objetivo es pasar de controles aplicados por separado a la construcción de un andamiaje institucional que le permita auditar toda la cadena de valor de los combustibles.

La intención es reforzar la trazabilidad de los petrolíferos desde su producción hasta su venta al consumidor final. En otras palabras, eso significa construir la huella del combustible y tener la capacidad para seguirla prácticamente en tiempo real.

De aprobarse la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2027 en los términos en los que fue enviada al Congreso de la Unión por la presidenta Claudia Sheinbaum, el nuevo diseño institucional entraría en vigor a partir del 1 de julio de 2027.

Durante los primeros seis meses del año próximo se harán los ajustes técnicos y administrativos para una correcta aplicación de las disposiciones fiscales.

Expertos consultados por El Economista destacan la voluntad política del gobierno para combatir esas prácticas e identifican dos puntos críticos: el ingreso de combustible por las aduanas y el uso de empresas factureras.

Además, subrayan que esta trama involucra millones de litros, millones de pesos en ganancias y una compleja red de complicidades y artimañas para delinquir.

La existencia de ese tipo de defraudación fiscal fue reconocida abiertamente por el gobierno federal desde 2023 cuando publicó el “Decreto por el que se establecen medidas para el combate al mercado ilícito de combustibles, relacionadas con la importación de mercancías reguladas por la Secretaría de Energía”.

El problema es que no lo ha podido resolver.

En ese documento el gobierno admitió la introducción al país de mercancías que se declaran con una fracción arancelaria que no corresponde a la mercancía que realmente se ingresa.

En octubre de 2025, la titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Grisel Galeano informó que había 600,000 millones de pesos reportados por huachicol fiscal y que se habían presentado querellas por 16,000 millones.

Días después, la presidenta, Claudia Sheinbaum aclaró que se trabaja para integrar una base de datos para dimensionar el impacto económico de ese tipo de prácticas.

En junio de 2026 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una alerta sobre esquemas de contrabando de combustible y evasión fiscal que incluyen la falsificación de documentos aduaneros y el uso de empresas fantasma.

Fiscalización busca pasar de controles aislados al seguimiento de toda la cadena

De acuerdo con el consultor, experto en regulación energética, Marcial Díaz Ibarra, hasta ahora la regulación se constreñía a una verificación binaria: concretamente la autoridad preguntaba a las empresas involucradas en la cadena de producción, compra, trasiego y venta de combustibles: ¿tienes permiso?

Ahora, lo que se plantea con el modelo de verificación en construcción es que la autoridad les pregunte: ¿de dónde proviene el producto?, ¿quién lo importó o produjo?, ¿quién lo comercializó?, ¿cómo se transportó?, ¿qué volúmenes se recibieron y entregaron?, ¿cuadran los volúmenes con los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) emitidos?, ¿qué reportan los controles volumétricos? y ¿se enteró correctamente el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) correspondiente?

En una sola pregunta: ¿puedes acreditar la historia completa de cada litro que comercializas?, resume el especialista.

La idea es que los sistemas encargados de regular a los involucrados en esa actividad se comuniquen con el fin de que el gobierno sea capaz de construir y darle seguimiento a la huella digital del combustible prácticamente en tiempo real.

Lo relevante ahora —destacó el consultor— no serán las inspecciones físicas sino el cruce de información entre dependencias como la Secretaría de Energía (Sener) y Secretaría de Economía (SE); la Comisión Nacional de Energía (CNE), la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente (ASEA), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), entre otras.

Buscan implementar mecanismos de control

De acuerdo con la exposición de motivos de la Iniciativa de Ley de Ingresos 2027, que se discute en el Congreso, uno de los principales indicadores de riesgo en la comercialización de combustibles consiste en la existencia de diferencias relevantes y recurrentes entre los volúmenes de combustibles comercializados por algunos contribuyentes, con los reportes de volúmenes de combustible que cuentan con los documentos que sustentan su legal adquisición, controles volumétricos y cumplimiento de la contribución fiscal correspondiente.

La exposición de motivos muestra que Hacienda identifica las inconsistencias entre volúmenes adquiridos, documentados y vendidos como uno de los principales indicadores de riesgo. Sin embargo, no enfatiza los riesgos en el paso por aduanas.

“Tales inconsistencias dificultan la trazabilidad de la autoridad para identificar oportunamente operaciones que pudieran estar relacionadas con esquemas de evasión fiscal o con la incorporación de combustibles, cuya procedencia no puede ser plenamente acreditada”.

Lo que se busca es establecer un mecanismo adicional de control respecto de aquellas diferencias que no encuentren soporte documental suficiente y que, por ende, puedan representar un indicio de comercialización de combustibles respecto de los cuales no exista certeza sobre su origen, adquisición o correcta incorporación a la cadena formal de distribución.

Para ello, durante el periodo previo a la entrada en vigor, se fortalecerán las herramientas de fiscalización existentes mediante la vinculación entre la información derivada de las operaciones comerciales de las personas contribuyentes, los controles volumétricos y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Hace unos días, en la conferencia de prensa matutina de Palacio Nacional, el titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, expuso que se contemplan acciones de combate a las factureras y a la evasión fiscal, además de controles específicos contra la evasión en el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y mecanismos de control del IEPS de gasolinas y diésel.

A través de la coordinación entre instituciones se busca cerciorarse de que la misma cantidad de litros de combustibles que las empresas reportan como adquiridos correspondan con los que declaran como vendidos y con los impuestos enterados por esas operaciones, detalló.

Nuevas medidas se sumarán al entramado que ya existe

Lo relevante es que todas esas medidas se sumarán a los mecanismos de control que ya funcionan particularmente desde 2023.

Actualmente el gobierno cuenta con una serie de instrumentos para atacar la evasión fiscal que genera el llamado huachicol fiscal.

Entre ellas se encuentran los pedimentos y clasificación arancelaria que supervisa la ANAM; los padrones especializados de importadores de sectores específicos, que controla el SAT; los permisos energéticos que son autorizaciones y licencias otorgadas por la Sener y la CNE para realizar actividades relacionadas con hidrocarburos y biocombustibles; los controles volumétricos obligatorios según el Código Fiscal de la Federación y que deben presentarse ante el SAT y los CFDI específicos para hidrocarburos con Carta Porte que expiden las empresas con base en los lineamientos de la SHCP y el SAT, entre otros.

Importadores, aduanas y factureras, puntos críticos del esquema

En la trama descrita por los especialistas destacan dos actores: los importadores y las autoridades de aduanas.

De acuerdo con el experto en derecho fiscal y administrativo, Luis Pérez de Acha, lo relevante es que el llamado huachicol fiscal es, ante todo una modalidad de contrabando de combustible que se hace pasar por otra cosa para evadir el pago de una fracción importante de impuestos.

Hasta ahora, las autoridades de aduanas no han sido efectivas en detectar que las engañan los importadores diciéndoles que introducen al país otros líquidos cuando en realidad son miles de litros de combustible.

El especialista explicó que los defraudadores fiscales recurren a empresas factureras que emiten documentos en los que se establece que se trata de determinado líquido cuando en realidad es combustible.

Una vez que la carga cruza la frontera, explicó, las empresas factureras expiden documentos que permiten comercializarla al mayoreo como combustible y respaldar su movilización, almacenamiento y distribución hasta los puntos de venta.

Según el especialista, los responsables recurren a ese tipo de empresas porque sus beneficiarios reales permanecen ocultos mediante prestanombres o identidades robadas. Las compañías fantasmas sirven posteriormente como vehículos para documentar la introducción u comercialización del producto.

La incógnita es: ¿por qué la autoridad no las detecta?

De acuerdo con el SAT, como parte de las acciones para combatir la evasión y elusión fiscal y el contrabando, de octubre de 2024 a agosto de 2026 se canceló la posibilidad de emitir facturas a 2,205 empresas comercializadoras que vendían combustible sin tener permitido hacerlo.

Según la CNE existen 714 permisos de comercialización registrados ante ese organismo federal.

En el segundo informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum entregado hace unos días al Congreso, se señala que, entre septiembre de 2025 y junio de 2026, se detectaron 3,109 casos de clasificación arancelaria incorrecta en productos petrolíferos e hidrocarburos.

Para Luis Pérez de Acha, México cuenta ya con diversos instrumentos para combatir estas prácticas; el problema, sostiene, ha sido lograr que operen de manera efectiva y coordinada.