Diputados aprueban en comisiones la reforma para combatir la extorsión; avanza al Pleno

Con el aval de todas las bancadas, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para combatir el delito de extorsión, ello al facultar al Congreso a expedir la ley general y los tipos penales y sanciones contra quien cometa este delito.

El dictamen, aprobado con 37 votos a favor, fue turnado sin cambios al pleno de San Lázaro para que pueda ser discutido a partir del 1 de septiembre, fecha en la que arranca el nuevo periodo de sesiones.

Cabe señalar que esta iniciativa fue presentada el pasado 10 de julio por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, “con la finalidad de dotar al Congreso de la Unión de las facultades constitucionales necesarias para expedir una legislación general, en la cual se establezca como mínimo, la homogeneización del tipo penal y de sus penas, con lo cual retoma lo expuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, que considera este delito como de alto impacto, por las repercusiones que representa a las víctimas y al Estado mexicano en su conjunto”.

Por ello, se aseguró que con el cambio constitucional propuesto, el Congreso de la Unión expedirá una ley general para unificar y contemplar, entre otras cosas, el tipo penal de extorsión, sus agravantes, los delitos vinculados y sus sanciones, y se cumplan con los objetivos generales de prevención, investigación y mecanismos de atención efectiva a las personas víctimas, ofendidas y testigos.

Mientras que en un transitorio, se indica que el Congreso de la Unión deberá expedir la ley general de la materia en un plazo no mayor a 180 días contados a partir del día siguiente de su entrada en vigor.

Además, las disposiciones legales de la Federación y de las entidades federativas en materia de extorsión continuarán vigentes hasta en tanto el Congreso de la Unión emita la ley general. En el régimen transitorio de dicha ley se establecerán los plazos y condiciones para realizar las adecuaciones normativas correspondientes.

En esta iniciativa, la mandataria mexicana argumentó que desde 1984 se tipificó este delito en el Código Penal Federal, sin embargo, actualmente, dicho delito ha evolucionado a la par de las nuevas tecnologías y en estrecha relación con las actividades de la delincuencia organizada. En ese sentido, el modus operandi supera contundentemente la norma. Por otro lado, a la vez existe una diversificación de tipos, puesto que cada estado codificó su tipo penal y su propia sanción, complicando su atención.

Por lo anterior, la mandataria mexicana reconoció que “la extorsión es un delito de alto impacto cuya prevención y combate han sido insuficientes en todos los órdenes de gobierno. Enfrentar este flagelo nos condiciona a concebirlo, no como una conducta menor que únicamente afecta la seguridad personal de los individuos, sino también y, de manera cada vez más recurrente, su patrimonio, su esfera psicológica y emocional y otros bienes jurídicos pertenecientes a la colectividad”.

Para este dictamen también fueron tomadas en cuenta dos iniciativas sobre el tema presentadas por el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (PAN), y el diputado Ricardo Monreal Ávila (Morena). Además de que se indicó que la Comisión de Puntos Constitucionales se adhiere completamente a la propuesta de reforma presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, el pasado 10 de julio; “Definitivamente, consideramos y concluimos que se encuentra fundada, motivada. Es oportuna y necesaria”.

Durante la discusión de este dictamen, el diputado Leonel Godoy (Morena) detalló que al expedir una ley general se podrá revisar qué tipo de carga de prueba debe tener alguien que desde ahora se está señalando que debe ser denuncia de oficio. “Será una gran tarea de todas y todos nosotros en la Comisión y en la Cámara de Diputados, y después en la de Senadores”, dijo.

Por su parte, la diputada Clara Cárdenas Galván (Morena) recordó que la extorsión es catalogada como un delito de alto impacto, ya que en el primer trimestre de 2025 se registraron oficialmente 5, 887 víctimas, lo cual significa que el delito aumentó 87% en diez años.

En tanto, el diputado Rubén Moreira (PRI) sostuvo que este afecta a una buena parte del país y su característica no se limita a un territorio, por lo que legislar es dar una respuesta a las y a los ciudadanos.

Por ello pidió ir trabajando en una buena ley secundaria que contenga opiniones de los gobiernos de los estados, de fiscales, expertos de las barras de abogados y de las y los legisladores, a fin de analizar el fenómeno delictivo en todas sus vertientes; es decir, desde el cobro de piso y el que se realiza de manera remota, así como valorar el tema de las penas, la extorsión que se hace a las autoridades municipales, y los apoyos a estados y Federación.