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Caso Ayotzinapa: FGR identifica 17 nuevos investigados y profundiza línea de funerarias y teléfonos
El titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, Mauricio Pazarán Álvarez, informó que existen 162 expedientes relacionados con el caso Ayotzinapa: 60 averiguaciones previas, 42 carpetas de investigación y 60 causas penales.
Manifestantes asistieron el pasado domingo 27 de septiembre a un acto para conmemorar el 12 aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, estado de Guerrero, México.
El nuevo análisis de registros telefónicos, documentos y evidencias periciales permitió a la Fiscalía General de la República (FGR) identificar a 17 personas que no habían sido detectadas en investigaciones anteriores sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, informó Mauricio Pazarán Álvarez, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA).
Durante la presentación de los avances de la investigación, Pazarán explicó que el trabajo se concentró en información correspondiente a 2014 y 2015, particularmente en las comunicaciones realizadas durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
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“Esto es muy importante porque no estamos hablando solamente de identificar a un número telefónico, hoy sabemos quién se comunicó con quién, cuántas veces, en qué momento y por ende investigar la relación entre esas personas”, señaló.
Con base en lo dicho por el funcionario, entre las comunicaciones detectadas aparecen servidores públicos, policías, personas relacionadas con Guerreros Unidos y particulares. Algunos de esos contactos condujeron a nuevas líneas de investigación relacionadas con establecimientos funerarios y el Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Iguala.
Funerarias, una nueva ruta de investigación
Uno de los principales hallazgos expuestos por la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa está relacionado con Rodolfo “N”, empresario propietario de la funeraria El Ángel y Funerales Económicos Rueda.
Según la Fiscalía, el análisis de las comunicaciones de integrantes de Guerreros Unidos identificados como “La Gaby”, “El Chuqui” y “El Gusano” permitió establecer que durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre mantuvieron comunicación con Rodolfo “N”.
A su vez, el empresario sostuvo ocho comunicaciones con Irving “N”, quien en 2014 era estudiante y actualmente se desempeña como nutriólogo. La Fiscalía señaló que este último también tuvo comunicación con integrantes de Guerreros Unidos.
El seguimiento de esta información llevó a fortalecer una línea de investigación relacionada con las funerarias y los hornos crematorios.
Pazarán sostuvo que la familia de Rodolfo “N” no sólo era propietaria de las funerarias investigadas, sino que también tenía participación en la operación del SEMEFO y en la administración del panteón.
Según el funcionario, esa concentración de funciones permitía intervenir en distintas etapas del manejo de cuerpos, desde su levantamiento e identificación hasta la certificación de la causa de muerte, resguardo y autorización para su inhumación o incineración.
En octubre de 2025, la FGR cateó la funeraria El Ángel. Mediante el relato presentado, en el inmueble fueron localizados un resto óseo dentro de un cajón, un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, documentación relacionada con Irving “N” y un horno clandestino sin registro oficial.
También fueron encontrados certificados de defunción, oficios de traslado de cadáveres y autorizaciones de inhumación que estaban firmados y sellados, pero permanecían en blanco.
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La Fiscalía detalló que se investiga si esos documentos pudieron utilizarse para alterar registros sobre personas fallecidas y encubrir información sobre sus cuerpos.
Por otro lado, el 26 de marzo de 2026, se localizaron restos óseos enterrados en la parte trasera del SEMEFO. Los estudios periciales determinaron que uno de esos restos tenía coincidencia genética con otro fragmento localizado en diciembre de 2021 en el camino a las antenas de Mezcaltepec, en Taxco, Guerrero, a 123 kilómetros de distancia.
Teléfonos de los estudiantes: otra línea clave
La FGR también presentó avances en el análisis de los teléfonos celulares pertenecientes a los estudiantes desaparecidos.
Uno de los casos correspondió al aparato de Jorge Antonio Tizapa Legideño. El reanálisis permitió establecer que el teléfono fue utilizado entre el 23 y el 25 de octubre de 2014, casi un mes después de la desaparición, por Mauro “N”, un exservidor público de Iguala.
A partir de estos registros y de otros testimonios, el 25 de agosto de 2026 una jueza federal autorizó una orden de aprehensión contra Mauro “N” por delincuencia organizada y desaparición forzada en agravio de los 43 normalistas.
Otro teléfono fue el perteneciente a Jorge Aníbal Cruz Mendoza, utilizado el 30 de septiembre de 2014 por un policía municipal de Iguala y posteriormente por su pareja.
En el caso del teléfono de Israel Caballero Sánchez, la Fiscalía estableció que fue utilizado después de su desaparición por la esposa de un exservidor público municipal que se encontraba adscrito a la barandilla de Iguala.
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Según Pazarán, estos elementos refuerzan la línea que investiga el posible traslado de estudiantes a esa instalación municipal.
También, el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa informó que actualmente existen 162 expedientes relacionados con el caso Ayotzinapa: 60 averiguaciones previas, 42 carpetas de investigación y 60 causas penales.
En total, hay 168 personas sujetas a proceso. De ellas, 130 permanecen detenidas en prisión, mientras que 38 enfrentan sus procesos bajo medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.
