Cambios a Ley de la Guardia afectan derechos: expertos

La nueva Ley de la Guardia Nacional, que está por expedir el Congreso de la Unión, formaliza la militarización de la seguridad pública en detrimento de los derechos humanos de los ciudadanos, coincidieron los expertos en materia de seguridad Eunice Rendón y Vicente Sánchez.

La ley secundaria en la materia, afirmó Rendón, especialista en prevención de la violencia y del delito, “formaliza lo que veníamos viendo con las últimas reformas y ya deja con claridad la militarización; se quita lo civil por completo. Ahora sí ya la ley va conforme a lo que sucede en la realidad, que es la militarización de la seguridad”.

En entrevista, sugirió que los senadores revisen “el tema de operaciones encubiertas y el uso de la información y datos, que se combina también con las otras leyes”, que también están pendientes de expedición: la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Además de revisar el “tema de formación” policial, “porque no es civil”; el entrenamiento “realmente es militar”.

Coincidió con Sánchez, integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), en que la nueva legislación pone en riesgo los derechos humanos de los mexicanos, y enfatizó en que últimamente “ha habido más quejas de derechos humanos” contra las Fuerzas Armadas.

Para el investigador, el hecho de que no haya en la nueva ley controles civiles va en detrimento de los derechos humanos de los ciudadanos.

“De por sí, desde antes de que se creara la Guardia Nacional (GN) y se sacaron los militares a la calle, como parte del combate al crimen por las deficiencias y limitaciones de los cuerpos civiles, ya se había dado una serie de violaciones a los derechos humanos, incluidos las desapariciones forzadas, hay que imaginar ahora ya con un cuerpo con amplias atribuciones y sin ningún control de carácter civil”, afirmó.

Consideró que el problema es que la GN tal como se determinó constitucionalmente, “terminó siendo un cuerpo militar y es un problema cuando se le suelta tanta libertad o atribuciones en términos de inteligencia y de no tener la ciudadanía salvaguardas para limitar ese poder”.

“Ahí está la clave, no tanto en que sea la Guardia Nacional como tal, sino que es el carácter militar de la Guardia Nacional”.

Advirtió que “el riesgo es que la ciudadanía queda inerme, digamos, ante cualquier situación de sospecha o de uso de datos de inteligencia que ejerza un cuerpo como éste”.

Militar

El decreto que el pleno senatorial discutirá y votará hoy, previsiblemente sin modificación alguna, respecto de la minuta remitida por la Cámara de Diputados, precisa que el secretario de la Defensa Nacional “de conformidad con las instrucciones que reciba de la persona titular del Ejecutivo Federal, es el responsable de organizar, equipar, educar, adiestrar, capacitar, administrar y desarrollar a la Guardia Nacional”.

Y que le corresponden, entre otras facultades, “aportar los elementos necesarios por conducto de la Guardia Nacional para la elaboración de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública”.

Define también que el integrante de la GN es la “persona militar con formación policial, adscrito a la Guardia Nacional”.

La GN podrá “solicitar por escrito y bajo el mando y conducción del Ministerio Público (...) a los concesionarios, permisionarios, operadoras telefónicas (...) la información con que cuenten, así como la georreferenciación de los equipos de comunicación móvil”.