La ASF presenta 21 denuncias penales contra 30 funcionarios por el desvío de 600 millones de pesos

La nueva administración de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció la presentación de 21 denuncias penales en contra de al menos 30 funcionarios de los tres órdenes de gobierno por el posible desvío de más 600 millones de pesos.

Este martes, el nuevo Auditor Superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, presentó ante la Cámara de Diputados los resultados de su primera fiscalización, la cual corresponde a la primera entrega de la Cuenta Pública 2025.

En esta primera revisión sólo se realizaron 33 auditorías, que detectaron irregularidades por la mínima cantidad de 1.4 millones de pesos de recursos que no fueron entregados por el gobierno de Chiapas al municipio de Belisario Domínguez. Esta revisión se coloca como la más pequeña en la historia de la ASF.

Y es que según lo explicado por Palacios Cardel, tras su llegada a la ASF y derivado de las recientes reformas aprobadas por el Congreso, su administración determinó reestructurar a la Auditoría Superior, ello al modificar su reglamento interior, al crear 6 Auditorías Especializadas, y una Unidad de Atención Ciudadana; además de cambiar, de último momento, el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2025 -cuyo documento se aprobó durante la pasada administración de David Rogelio Colmenares Páramo-.

Fue así que, tras estas modificaciones, la primera fiscalización de Aureliano Hernández sólo se enfocó en auditar la distribución de los recursos que deben otorgar los 32 estados del país a sus municipios; es decir, sólo se revisó que estos recursos lleguen a los municipios, más no cómo fueron gastados.

“Al respecto, me complace informar que, por intervención de la Auditoría Superior, previo a la conclusión de las auditorías, se logró recuperar en favor de los Municipios, los recursos que no les habían sido efectivamente transferidos; por lo que, de manera inédita, únicamente quedó pendiente de aclarar la transferencia de 1.4 millones de pesos por parte de una entidad federativa, de los más de 300 mil millones de pesos a distribuir”, expresó el titular de la ASF.

Al defender los pocos resultados, Aureliano Hernández reconoció que “no metimos más auditorías porque estábamos en todo este proceso de reorganización y aquí obviamente tendremos que ajustar nuestros tiempos para la segunda y la tercera presentación de los informes”.

No obstante, subrayó que como parte de los primeros resultados de las adecuaciones a su marco normativo que le otorgan a la ASF la facultad de realizar investigaciones sin tener que pasar por el proceso tradicional de auditoría, se han presentado 21 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) por un posible daño de más de 600 millones de pesos.

A su vez, también interpusieron ante la autoridad substanciadora 30 expedientes de responsabilidades administrativas graves, derivadas de la detección de colusiones en procedimientos de contratación pública y han dado inicio a 31 expedientes de investigación respecto de entes de los 3 órdenes de gobierno.

“Será la FGR que a través de sus investigaciones determine quiénes fueron estos funcionarios que pueden ir a la cárcel por uno de estos delitos…prácticamente traemos 30 servidores públicos, los cuales ascienden a anomalías por 600 millones de pesos”, explicó.

Cabe destacar que dichas denuncias penales corresponden a posibles desvíos de recursos detectados en las Cuentas Públicas de 2020, 2021, 2023 y 2024, e involucran a municipios como Valle de Bravo, del Estado de México; al municipio de Donato Guerra, Estado de México.

Así como a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios “Cofepris”; al municipio de Alvarado, Veracruz; al gobierno del Estado de Nayarit; al municipio de Matehuala, San Luis Potosí; al municipio de Maravatío, Michoacán; a la Universidad Autónoma, Benito Juárez de Oaxaca, y a Talleres Gráficos de México.