El Relator Especial de la ONU para la Promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, David Kaye, advirtió que tanto gobiernos como empresas están en riesgo de “socavar” la libertad de expresión en Internet.

En este sentido urgió a funcionarios públicos y autoridades privadas a dar atención a problemáticas como desinformación en línea y discursos de odio.

“La peores amenazas incluyen la criminalización de la crítica en línea hacia el gobierno, la religión u otras instituciones públicas. Hay reglas que responsabilizan a las empresas para determinar qué es ilegal en línea, a riesgo de sufrir multas financieras, sin el tipo de rendición de cuentas públicas que dichas decisiones requieren”, dijo en un informe.

Detalló que los gobiernos tienen la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales, además de asegurar que las plataformas de Internet sean espacios seguros para la libertad de expresión.

Desafortunadamente, dijo Kaye, los gobiernos se están moviendo en la dirección equivocada y a menudo ello implica amenazas directas para la libertad de expresión en línea.

En este sentido el relator de la ONU expuso que los gobiernos deberían reforzar el papel de las autoridades, principalmente las judiciales, determinando la legalidad de contenidos, mientras que la compañías de Internet deben basar sus estándares en el derecho internacional y los principios rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos.

“Las empresas de Internet proveen un espacio sin precedentes para la comunicación y el acceso a la información, pero también son los reguladores del discurso de nuestro tiempo”, refirió.

Los gobiernos y los usuarios, señaló, merecen saber no sólo las reglas, sino también cómo y por qué dichas reglas son adoptadas y aplicadas, y qué formas de reparación y rendición de cuentas existen cuando las empresas se equivocan.

Dijo que en términos de derechos humanos, los estándares y procedimientos de las empresas, principalmente en el contexto de las redes sociales, es preocupante, ya que hay falta de claridad y transparencia en el proceso de creación e implementación de reglas, demasiada confianza en la autorización y una falta de procesos de reparación y apelación significativos.