Entre acusaciones y propuestas locales, transcurrió el primer debate de los candidatos al Senado de la República por la Ciudad de México llevado a cabo en el Auditorio del Instituto Nacional Electoral (INE).

En este ejercicio, que se llevó a cabo en ausencia de los candidatos del Partido Verde Ecologista, Leticia Calderón y Gerardo Rojas, predominaron propuestas para atender el abasto de agua en diversos territorios de la Ciudad de México; la reconstrucción de hogares afectados por el Sismo y mejoras en el transporte público capitalino.

Al tomar la palabra, el candidato de Nueva Alianza, Eduardo Achach, prometió que en caso de ser electo,  impulsará la ley “Nalgas a la silla”, mediante la cual se obligaría a todos los senadores a estar por lo menos, cuatro horas en su curul en días de sesión.

En tanto, la candidata del PRI, María Beatriz Pagés culpó al PRD y Morena de los niveles de inseguridad que se viven en la Ciudad der México, pues –aseguró- lleva 20 años “secuestrada” por estas fuerzas políticas y por el crimen organizado.

Por su parte, la candidata de la coalición “Por México al Frente”, Xóchitl Gálvez habló de la necesidad de ver a la lluvia como una solución en lugar de un problema y señaló que se debe recuperar el acuífero del Valle de México a través de áreas para que se filtre el agua pluvial,¿.  

En tanto, el candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Martí Batres,  acusó al PRD y al PAN de robarse más de 3,000 millones de pesos del dinero de la reconstrucción.

Ante ello, Emilio Álvarez Icaza, candidato de la coalición “Por México al Frente y Xóchitl Gálvez reviraron responsabilizándolo de la contaminación de la leche Bety y la desaparición de 15 menores de edad de Casitas del Sur.

En un perfil nacional sobre seguridad,  la aspirante del PRI, María Beatriz Pagés Llergo dijo que de convertirse en senadora impulsaría la incorporación al catálogo de delitos graves la aportación ilegal de armas de fuego para defender al ciudadano de la violencia.

En contraste, Emilio Álvarez Icaza, prometió que, de llegar al Senado de la República, echaría atrás la Ley de Seguridad Interior, pues, desde su perspectiva no garantiza la protección de los derechos humanos.