La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación a la Fiscalía General de la República y al gobierno de Tamaulipas por violaciones graves de por lo menos 196 personas de diversas nacionalidades, cuyos cuerpos fueron localizados en el 2011 en 48 fosas clandestinas.

También por la investigación de la desaparición de 57 personas más, procedentes de diversas entidades federativas, atribuibles a actos y omisiones del personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas (PGJ-Tamaulipas) y de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

La CNDH encontró responsabilidad de ambas autoridades por las irregularidades en que incurrieron agentes del Ministerio Público, tanto de la Federación como del fuero común, a cargo de las investigaciones ministeriales de los hechos.

El 23 de diciembre del 2013 el organismo emitió la Recomendación 80/2013, en la que acreditó la violación de los derechos humanos en agravio de 72 personas migrantes que perdieron la vida el 22 de agosto del 2010.

Igualmente, acreditó violaciones a los derechos de dos sobrevivientes, quienes fueron secuestrados en San Fernando, Tamaulipas, y trasladados a un rancho de esa localidad donde las 72 personas migrantes fueron asesinadas.

En su investigación el organismo defensor enfrentó dificultades para obtener oportunamente toda la información de que disponían las autoridades.

La PGJ-Tamaulipas no atendió las solicitudes de información, mientras que en el caso de la PGR, pese a la disposición para que personal de la comisión consultara la averiguación previa (AP1), sus funcionarios y personal ministerial impidieron el acceso íntegro a la indagatoria y rindieron informes incompletos.

La CNDH destacó que realizará un análisis integral de la problemática de inseguridad y violencia en Tamaulipas, que han derivado en la desaparición y el secuestro de migrantes en tránsito en el país, que han sido documentados en pronunciamientos que ha emitido, así como en casos que estén en trámite.

Por ello recomendó al fiscal general de la República tomar las acciones necesarias para la localización de familiares y demás víctimas indirectas relacionadas con las 196 personas localizadas en fosas clandestinas en el 2011.

También que se les brinde atención psicológica y, en su caso, tanatológica, que sea efectiva en sus países de origen cuando la persona sea de nacionalidad extranjera y llevar a cabo las acciones para la localización de familiares y demás víctimas indirectas de 55 personas que continúan desaparecidas.

Se le pide ofrecer su respectiva disculpa pública institucional, partiendo del reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades por las violaciones a derechos humanos en agravio de las víctimas indirectas de las personas halladas en esas fosas clandestinas, entre otras medidas .

Al gobernador de Tamaulipas se le recomienda, entre otras cosas, implementar medidas inmediatas para recobrar las funciones de seguridad pública y garantizar la paz y el orden público en todos los municipios del estado, mediante políticas públicas bien definidas.