Las malas prácticas en la aplicación del nuevo Sistema de Justicia Penal continúan en 20% entre jueces y 40% en los agentes del Ministerio Público, lo que va en perjuicio de las víctimas, expone el informe Resultados del Monitoreo Ciudadano en las Salas de Oralidad Penal de la Ciudad de México 2016-2017, dado a conocer por el organismo México Unido Contra la Delincuencia.

El informe de 26 páginas revela que las principales deficiencias observadas en 640 audiencias monitoreadas en las salas orales capitalinas van desde que no se respetó el principio de oralidad, porque en la mayor parte de sus intervenciones leyeron sus argumentos, que no se presentaron las pruebas previamente anunciadas, y que no se incorporaron pruebas documentales a través de testigos.

Además, que no se acreditó el delito por falta del testigo principal, que en algunos casos fueron buscados hasta por tres días antes de la audiencia, cuando se tuvieron dos meses para preparar la testimonial e, incluso, agrega el informe de organismo civil, el asesor jurídico público no subsanó ninguna de las deficiencias presentadas , lo que echa por tierra las ordenanzas de ese sistema.

Según el reporte, estas malas prácticas perjudican la esencia del sistema que inició en el 2008 y aplica en todo el país desde junio del 2016, aun cuando la Federación entregó recursos suficientes a todas las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia del país para que ponderaran los principios y objetivos del mismo.

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