La Guardia Nacional, cuya reforma se discutirá hoy en la Cámara de Diputados y en caso de aprobarse pasará a los estados del país para su análisis, eventual aprobación y entrada en vigor, se crea sin un objetivo claro de actuación ni un fin en materia de seguridad pública, coincidieron activistas y miembros retirados de las Fuerzas Armadas.

En el conversatorio: Iniciativa de la Guardia Nacional, convocado por el Centro de Análisis de Coyuntura Económica, Política y Social de la Facultad de Economía de la UNAM, el general en retiro, José Francisco Gallardo Rodríguez expuso que “no hay una planeación estratégica nacional” sobre la seguridad en México.

“Llegamos y como va cayendo a bote pronto, vámonos resolviendo, no hay una planeación estratégica”, indicó.

El general criticó que uno de los argumentos con los que se ha impulsado la Guardia Nacional es la disciplina militar ya que este atributo, dijo, no debe ser sólo de las Fuerzas Armadas.

Como propuestas para poder mejorar las condiciones de seguridad y regresar a los militares a los cuarteles, el general propuso en principio que al mando de la Secretaría de Defensa no esté un militar. “La función de una secretaría de Estado no es militar, es una función política-administrativa civil. Es un mecanismo de control político de la autoridad civil sobre la autoridad militar”, manifestó.

El general y actual académico de la UNAM aseguró que con las reformas constitucionales por las que se crea la Guardia Nacional se antepone la seguridad de Estado al principio pro persona.

En este sentido, Gallardo Rodríguez se mostró a favor de la libre portación de armas por parte de los ciudadanos mexicanos, un concepto que, dijo, se prevé en la Constitución y que es afectado con las reformas a la Guardia Nacional.

Por su parte, Antonio Cerezo, activista en materia de derechos humanos, indicó que las reformas constitucionales no han estado acompañadas de propuestas para evitar que los elementos de la Guardia Nacional cometan violaciones a garantías individuales.

“Necesitamos estar vigilantes, tenemos el derecho humano a la protesta, necesitamos cuestionar y exigir que el Estado garantice y promueva los derechos humanos”, dijo Antonio Cerezo.

Destacó el reciente caso de Samir Flores, el activista asesinado en Morelos y que se oponía a la consulta y construcción de una termoeléctrica en la región.

Retos en los estados

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), a través de su investigador José de Jesús González Rodríguez, divulgó una carpeta informativa con respecto a la Guardia Nacional y los retos que tendrá enfrente en materia de seguridad pública.

De acuerdo con el documento, que tiene como fuente cifras de la organización civil Observatorio Nacional Ciudadano, en el noroeste del país (Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Sonora) los delitos que tiene que procurar disminuir el nuevo órgano de seguridad federal son narcomenudeo, homicidio doloso y feminicidio, robo a casa habitación, robo de vehículo y robo a negocio, ilícitos que hasta el 2017 se encontraban por arriba de la tasa promedio nacional en cada una de dichos rubros.

En la zona noreste que se integra por los estados de Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, los delitos con mayor incidencia eran la extorsión y el robo a casa habitación.

En la zona occidente (Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Zacatecas) los delitos que deberá de observar el nuevo órgano —al cual se le prevé dar facultades de investigación— son narcomenudeo, asesinato, feminicidio y homicidio culposo.

En la zona centro, compuesta por Ciudad de México, Guerrero, entre otros, los delitos más apremiantes a contener son robo a transeúnte y robos con violencia.

En el sureste, en donde se ubican entidades como Chiapas o Oaxaca y más, el delito con mayor incidencia y que deberá de observar la Guardia Nacional es el secuestro.

En el documento divulgado por el CESOP se precisa que 87% de la población mexicana está de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional, 10% está en desacuerdo, 1% ni en desacuerdo, ni acuerdo y 2% no sabe.

De acuerdo con las mismas cifras que cita la ficha y que provienen de Parametría, ante la pregunta sobre: ¿Qué acción ayudaría más a mejorar la seguridad en el país: que los militares asuman las funciones de los policías o que los estados y municipios fortalezcan a sus policías?, se estimó que 58% se decantó por que estados y municipios fortalezcan a sus policías.

“En los resultados de las recurrentes mediciones efectuadas sobre el tema se puede identificar que existe una franja importante de apoyo ciudadano a la participación del Ejército y Marina en tareas de seguridad pública. Sin embargo, lo mismo se aprecia cuando se mide la alternativa de que sean las entidades federativas y los municipios los que asuman las tareas en cuestión”, se indicó en el documento.

Como conclusiones, el investigador González Rodríguez indicó que se debe reflexionar sobre “la velocidad en que podrán implementarse los cambios que en el rubro de seguridad pública han sido anunciados por el titular del Poder Ejecutivo y, además, si tales cambios podrán conciliar la postura de especialistas y de organizaciones abocadas al monitoreo de derechos humanos”.

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