Las autodefensas comenzaban a resurgir en diversos estados como una respuesta ciudadana al recrudecimiento de los niveles de violencia e inseguridad en el país, según alertó en su momento el órgano de inteligencia en México al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, recién llegado a Los Pinos.

Después de 20 días de que López Obrador asumiera el mando de la nación, es decir, el 20 de diciembre del año pasado, el Cisen (ahora CNI) emitió el informe: “Conformación de policías comunitarias, grupos ciudadanos de vigilancia y autodefensas en el país”, bajo la clave de clasificación SEGOB-100-1S.03.02.04.28/19.

En el documento, al que tuvo acceso El Economista, se explica que en los dos últimos meses anteriores, entre octubre y noviembre del 2018, en Guerrero, Michoacán y Sonora se había “registrado la conformación de grupos de policías ciudadanas, comunitarias y autodefensas, bajo el argumento del recrudecimiento de la violencia protagonizada por la delincuencia organizada y la falta de resultados en la estrategia de seguridad de autoridades de los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal)”.

En Guerrero, el órgano de inteligencia dio cuenta de la conformación de autodefensas como la Policía Ciudadana de la Sierra en las regiones de costa grande y tierra caliente, integrada por habitantes de esos municipios.

Asimismo, indicó que entre las mismas autodefensas de Guerrero se habían generado pactos de unidad como del que se tuvo conocimiento el 12 de noviembre del 2018, denominado Frente de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero con policías comunitarias de Tlacotepec, Tecampenara, Cocula, Cuetzala, Mezcala y el Movimiento Ciudadano Apaxtlense General.

Este frente implementaba acciones como toques de queda en algunos municipios de Guerrero, por ejemplo en Apaxtla en octubre pasado, con el objetivo de combatir las acciones de la delincuencia organizada.

En el informe se precisó también la creación, el 12 de diciembre del año pasado, de la Alianza de Autodefensa Ciudadana de Técpan, promovida por habitantes del mismo municipio que pretendían “extender el movimiento a Benito Juárez, Atoyac y Coyuca de Benítez”.

En Sonora, el órgano de inteligencia indicó que se había “detectado la ejecución de acciones violentas por parte de civiles organizados”, que realizaban “ajusticiamiento contra personas” que advertían “como responsables de delitos de robo en la región sur de la entidad”.

Según lo consignado en el documento, entre el 15 de noviembre y el 17 de diciembre del 2018 se localizaron 12 personas golpeadas “y en situación de violencia” en los municipios de Guaymas, Cajeme y Huatabampo. “Ninguna persona ha resultado muerta por estos hechos”, precisó en su momento el órgano de inteligencia del país.

En Guaymas, en específico, el 7 de diciembre, el centro de inteligencia mencionó que se ubicó una manta en una tienda de abarrotes con la leyenda: “Autodefensas te apoyamos en la 13 de julio”.

“Merece atención en Sonora el grupo de Autodefensa Guaymas que ha podido operar debido al malestar de la ciudadanía por la prevalencia de la incidencia delictiva y la impunidad bajo la que se han realizado ajusticiamientos en contra de supuestos delincuentes”, puntualizó.

El órgano de inteligencia planteó al gobierno de López Obrador, como conclusiones, que “en tanto no se fortalezca la estrategia de seguridad y disminuyan la incidencia delictiva e impunidad, prevalecerán las condiciones para el surgimiento de grupos de autodefensa, policías comunitarias y grupos ciudadanos de vigilancia, que buscarán ejercer la autoridad y ofrecer seguridad pública al margen de la ley”.

Y qué grupos hay a la fecha

Vía transparencia, El Economista solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR), a la Secretaría de Gobernación (Segob), al CNI y a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), que entregaran información correspondiente al número de grupos armados activos conocidos como autodefensas por municipio y por cada una de las 32 entidades, hasta la actualización más reciente que se tuviera.

Sin embargo, la FGR, Segob y SSPC negaron tener información documental al respecto, mientras que el CNI entregó información relacionada, en su mayoría, sobre las autodefensas en Michoacán y José Manuel Mireles, quien ahora es subdelegado del ISSSTE en esta entidad, es decir, funcionario de gobierno.