La Comisión Permanente del Congreso de la Unión resolverá si ratifica o rechaza a los 18 candidatos propuestos por el expresidente Enrique Peña Nieto, desde hace dos años, a magistrados especializados anticorrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), en cumplimiento de una sentencia del Poder Judicial.

Aunque la resolución judicial ordenó a los senadores resolver de inmediato el caso, no existe plazo legal para cumplirla.

De manera conjunta, las comisiones de Justicia y de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana de la Cámara de Senadores aprobaron la metodología para desahogar el procedimiento de designación pendiente, que incluye entrevistas a los aspirantes y la posibilidad de que participen organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil.

Y turnaron la resolución del caso a la Primera Comisión de la Comisión Permanente debido a que el pasado día, último de abril, terminó el periodo de sesiones ordinarias de la Cámara Alta.

“En la Primera Comisión de la Permanente tendrán que darse las comparecencias, la información correspondiente, hasta agotar todo el procedimiento... y, en su caso, determinar si se ratifica o no (a los candidatos a magistrados)”, informó Martí Batres Guadarrama, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.

El legislador por Morena negó que la demora en el cumplimiento de la sentencia judicial —“no hay demora”, dijo— se deba a que está en estudio una iniciativa promovida por Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, para eliminar las cinco salas especializadas en combate a la corrupción del TFJA, pendientes de conformar con tres magistrados cada una, por considerar que la Constitución solamente contempla la Tercera Sección del Tribunal, con tres magistrados, para sancionar las faltas administrativas graves en materia de corrupción, cometidas por servidores públicos o particulares.

“No, no, no. Son procesos distintos, se va a cumplir la sentencia”, aseguró Batres.

Clemente Castañeda Hoeflich (de MC), presidente de la Comisión de Anticorrupción del Senado, explicó que los senadores están “obligados a resolver en el estado actual de las cosas”; es decir, ratificar o rechazar a los 18 candidatos.

Lo que no harán, anticipó, es “frenar el proceso por la iniciativa de Olga Sánchez Cordero... La ley vigente y la resolución judicial nos obligan a resolver en los términos en los que está la ley”.