La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) es la principal autoridad responsable de las irregularidades en la construcción del Paso Exprés en la autopista México-Cuernavaca que generaron la formación de un socavón provocando la muerte de dos personas, por lo que se deben fincar responsabilidades penales, concluyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Al presentar la Recomendación 34/2018, el segundo visitador de la Comisión, Enrique Guadarrama López, destacó que el socavón “no es un mero accidente, sino la consecuencia de una obra pública mal diseñada, construida, coordinada y supervisada por la SCT, Banobras y las empresas involucradas”.

Salvo sanciones administrativas, dijo, el hecho continúa impune al no haber aún responsables penalmente.

Aunque no mencionó directamente al titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, expuso que las autoridades competentes en la investigación administrativa y penal deben considerar “lo que hemos llamado la cadena de mando”.

Es decir, que no nos quedemos con una sola parte de la estructura administrativa, sino que se lleve a cabo una investigación a todos los que les alcance esa cadena de mando, puntualizó.

La CNDH expuso que a la fecha sólo se han sancionado administrativamente a nueve servidores públicos y las autoridades no han reparado integralmente las violaciones a los derechos humanos de fallecidos y familiares.

El organismo nacional reveló que además de las dos personas que perecieron por el socavón, se tiene registro de dos personas más que murieron por anomalías en la seguridad de la obra. Un motociclista que se golpeó con un cable de alta tensión y un peatón que cayó de un puente que no tenía barandal.

Guadarrama López acusó que aunque la SCT tuvo la oportunidad de explicar las causas de las fallas y quiénes eran los responsables, funcionarios de la dependencia no proporcionaron de manera oportuna información para la indagatoria.

Al grado, dijo, de enviar información desordenada y confusa contenida en cajas, lo que representó un esfuerzo adicional de análisis que pudo haberse simplificado, conducta que en sí misma creó obstáculos adicionales a la labor de la CNDH.

Incluso el segundo visitador señaló que, durante la comparencia de Ruiz Esparza ante el Senado, “realizó declaraciones faltas de verdad” a las que se sumaron deslindes de responsabilidades en medios de comunicación.

“¿Cuál sería la razón de este esquema de entregas dilatadas o parciales de información? Y en ese esquema uno podría o puede pensar que sí fue un esquema ya institucional para lo que quieran, para cubrir o no entregar o evitar responsabilidades”, cuestionó.

Entre las anomalías detectadas por la CNDH están la modificación de los contratos, lo que significó el cambio en los montos de la obra, incrementándose al pasar de más de 1,134 millones de pesos a más de 1,669 millones.

“El aumento entre las cantidades iniciales y las pagadas finalmente a tres de las cuatro empresas superó 25%, por lo que debía solicitarse una autorización de la Secretaría de la Función Pública”, detalló el representante de la CNDH.

Sin embargo, la SCT fue omisa al solicitar dicha autorización sobre los aumentos, “lo que cuestiona su justificación y transparencia”.

Además de que al arranque de la obra no se contó con los permisos ambientales y, un mes después de su inicio, la dependencia federal solicitó al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca información sobre si existían lineas de agua potable y drenaje que interfirieran con los trabajos.

“La SCT no contó con la información adecuada respecto de posibles afectaciones a los cuerpos de agua que cruzaban el Paso Exprés”, refirió.