El Poder Judicial de la Federación tiene la oportunidad para sentar un precedente en materia de reparación del daño en favor de personas indígenas acusadas de delitos que no cometieron, con el caso de la indígena hñähñú Teresa González Cornelio, dijo el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

La Procuraduría General de la República (PGR) interpuso un recurso para evitar la sentencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) que le ordenó disculparse e indemnizar a Teresa González quien, junto con Jacinta Francisco Marcia y Alberta Alcántara Juan, fue acusada de privar de la libertad a seis agentes de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI) en el 2006.

Luego de tres años, la PGR retiró la acusación contra Jacinta Francisco Marcial y fue liberada. Meses después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la libertad de Alberta y Teresa.

El 28 de abril del 2010, los cinco ministros que integran la Primera Sala de la SCJN votaron en favor para resolver la apelación sobre el caso de Alberta Alcántara y Teresa González Cornelio, absolviéndolas de los cargos que se les imputaban, lo que implicó su excarcelación, que se dio ese mismo día.

El Décimo Sexto Tribunal Colegiado de la Ciudad de México tenía en su jurisdicción resolver el recurso de la PGR; pero determinó regresarlo al TFJFA para una revisión más a fondo del caso. Ante ello, no existe fecha establecida para la próxima discusión.

Desechar el recurso interpuesto por la PGR enviaría un fuerte mensaje a la procuraduría para desincentivar la fabricación de culpables , indicó el Centro Prodh.