A fin de cumplir con las adecuaciones exigidas en el T-MEC, la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados alista debatir el miércoles próximo el predictamen de reforma en materia laboral, con lo que se eliminarían las juntas de Conciliación y Arbitraje y se acaba con liderazgo sindicales eternos.

Ante la corrupción que impera en la historia sindical, el proyecto de dictamen de reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT) cerrará la puerta a la extorsión y a la entrega de dádivas entre líderes de centrales obreras y patrones. Conductas que serán motivo de pérdida del registro del gremio.

“Se considerará que un sindicato incumple con su objeto o finalidad cuando sus dirigentes, apoderados o representantes legales incurran en actos de extorsión en contra de los patrones, exigiéndoles un pago en dinero o en especie para desistir de un emplazamiento a huelga o abstenerse de iniciar o continuar un reclamo de titularidad de contrato colectivo de trabajo”.

Plantea que esa conducta “comprobada” podrá servir de base para que se demande por la vía jurisdiccional la cancelación del registro sindical, independiente de las responsabilidades que puedan derivarse por la comisión de conductas delictivas.

El documento base de la iniciativa de Morena presentada a nombre del Ejecutivo federal, establece que el período de duración sindical y de las representaciones secciónales, en el caso de reelección, será facultad de la asamblea decidir mediante voto personal, libre, directo y secreto el período de duración y el número de los periodos que puedan reelegirse los dirigentes sindicales.

No obstante, aclara que el periodo de duración de las directivas no podrá ser indefinido o de una temporalidad tal que obstaculice la participación democrática de los afiliados, y tampoco podrá ser lesivo al derecho de votar y ser votado.

El documento establece que nadie puede ser obligado a formar o no parte de un sindicato, federación o confederación. Los procedimientos de la elección de sus directivas deberán salvaguardar el pleno ejercicio del voto personal, libre y secreto de los miembros, así como ajustarse a reglas democráticas y de igualdad de género.

El documento incorpora las obligaciones comprometidas en el T-MEC, el Convenio 87 y el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Derecho de Sindicación y Negociación Colectiva.

El respeto a la libertad y la autonomía sindical deberá observarse en el registro de los sindicatos, federaciones y confederaciones, así como en la actualización de las directivas sindicales.

Los trabajadores y los patrones, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a éstas, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas.

Los miembros de los sindicatos, federaciones y confederaciones contarán con los derechos de libre afiliación y de participación al interior de éstas. Los procedimientos de elección de sus directivas deberán salvaguardar el pleno ejercicio del voto personal, libre, directo y secreto de los miembros.

El documento de 603 cuartillas establece desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje, que serán sustituidas por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, un organismo descentralizado, que además registrará los contratos colectivos y organizaciones sindicales, cuyo titular será designado por el Senado a propuesta del Ejecutivo.

Los compromisos adoptados por las partes en el T-MEC, en materia laboral, requieren la adopción de medidas para garantizar la libertad de asociación y el reconocimiento de la negociación colectiva, así como promover la implementación de medidas de protección contra la discriminación laboral, especialmente por motivos de género.

Por ello, la reforma laboral incluye el derecho de los trabajadores a participar en la negociación colectiva y a organizar, formar y unirse al sindicato de su elección sin interferencia patronal; crear un órgano independiente encargado de la conciliación y el registro de contratos colectivos; participación en elección de líderes sindicales mediante voto libre y secreto, así como revisión al menos cada dos años de los contratos colectivos.