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Por austeridad, desaparecerán la Subsecretaría de Prevención del Delito
Como parte del plan de austeridad ordenado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana prevé desaparecer la Subsecretaría encargada de fortalecer los esfuerzos en materia de seguridad y prevención del delito en las entidades federativas.
Como parte del plan de austeridad ordenado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) prevé desaparecer la Subsecretaría encargada de fortalecer los esfuerzos en materia de seguridad y prevención del delito en las entidades federativas.
Una de las funciones prioritarias de esa subsecretaría es colaborar en la definición de las zonas y poblaciones prioritarias para las estrategias y acciones de prevención especial de la violencia y el delito, así como de los criterios y lineamientos para la asignación y ejercicio de recursos federales destinados a dichas labores.
El 16 de agosto del año pasado, el secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo, tomó protesta a Alejandro Robledo Carretero como subsecretario de Planeación, Prevención, Protección Civil y Construcción de Paz, cartera que se prevé desaparecer como parte del decreto presidencial de austeridad de abril.
Dicha Subsecretaria venía siendo el vínculo de la Federación con los gobiernos de los estados para abordar temas de prevención social de la violencia, tanto en espacios públicos como en las cárceles del país.
Asimismo ha venido siendo la instancia que coordina reuniones con el sector empresarial para tratar la inhibición de delitos como el robo a transporte en carretera.
La subsecretaría tiene a su cargo una Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito, la cual tiene atribuciones de proponer prioridades, programas, estrategias y acciones federales en materia de prevención especial de la violencia y el delito, en el marco del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Asimismo, establecer en el marco del Consejo Nacional de Seguridad Pública, los mecanismos de coordinación entre las instituciones federales, incluyendo las encargadas de la operación del sistema penal acusatorio, y las orientadas a la atención integral de personas en conflicto con la ley penal, para implementar programas, estrategias y acciones de prevención especial de la violencia y el delito.
Participar de manera coordinada con autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, en el diseño e implementación de políticas, programas y acciones de proximidad institucional, justicia procesal, justicia cívica, resolución pacífica de conflictos y la mediación comunitaria;
Establecer los mecanismos de coordinación con agrupaciones sociales e instituciones privadas, para promover la implementación de políticas, programas y acciones para la prevención especial de la violencia y el delito, entre otras.
