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PGR se mete a regular negocios de juegos y sorteos
El encargado de la dependencia, Juan Miguel Alcántara, busca regular 450 establecimientos, que al amparo de leyes obsoletas, han derivado en litigios con televisoras y particulares.

La PGR aprovechará la discusión del presupuesto 2010 en el Congreso para montar cambios jurídicos que eliminen la ambigüedad en juegos y sorteos, y regular 450 establecimientos con que se obtendría mayor ingreso por impuestos, un polo de desarrollo turístico y evitar litigios, lavado de dinero o ingreso de crimen organizado.
Fuentes Federales precisaron a El Economista que esta es la intención de las reformas constitucionales que impulsa el subprocurador Juan Miguel Alcántara Soria, actual encargado de la Procuraduría General de la República (PGR), tras la salida de Eduardo Medina Mora, en espera que el Senado, ratifique, revoque o modifique la propuesta del Presidente.
La reforma, permitiría modernizar las obsoletas leyes de 1947, 2004 y 2008, detonantes de litigios con televisoras y particulares, el ingreso de recursos por pago de impuestos y evitaría la infiltración del crimen organizado o favorecer a particulares.
Actualmente la PGR interviene como Ministerio Público en varios juicios, civiles, mercantiles y laborales, algunos que datan desde el sexenio pasado el de Comercial de Juegos de la Frontera de Miguel Fernando del Río Liquidano, quien fue victima de un acto delictivo concertado.
Mismo tiempo desde que la Secretaría de Gobernación (Segob) otorgara varios permisos, lo que ha entorpecido la procuración de justicia y el incremento de litigios.
De las investigaciones más relevantes se cuenta el fincado contra Francisco Javier Rodríguez Borgio, Tomás Marín Pérez y Jorge Buelna quienes se hicieron pasar como socios de la Inmobiliaria JRB, S.A. de C.V., para adquirir empresas de juegos y sorteos con desconocimiento del propietario John Richar Long.
El litigio llevó a involucrar incluso a INTERPOL para la búsqueda y captura por fraude específico de varios de ellos, como lo expone el expediente 40/2007 y otros tantos más que se encuentran radicados en la PGR.
rtorres@eleconomista.com.mx
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