Sinaloa, Baja California Sur, San Luis Potosí, Aguascalientes, Quintana Roo y Guanajuato tienen varias coincidencias: son entidades donde no sólo se ubican los institutos de transparencia reprobados en la materia, también presentaron aumentos en sus deudas públicas, cuentan con baja calificación en la calidad del ordenamiento jurídico de la fiscalización; incluso tienen limitada autonomía de los órganos de fiscalización.

Datos del Índice de Desarrollo Humano en México del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) indican que dichas entidades concentran desde 37.3 hasta 58.9% de incidencia de pobreza infantil.

En materia educativa, la organización Mexicanos Primero ha colocado a las entidades en un listado de malgasto educativo con montos irregulares que van desde 200,000 hasta 400,000 pesos.

La semana pasada, organizaciones civiles evidenciaron los resultados del Índice Nacional de los Órganos Garantes del Derecho de Acceso a la Información, los cuales reflejaron que 81% de los institutos o comisiones encargados de velar por este derecho está reprobado.

En las entidades que concentran a dichos órganos también han sido integrados en otros listados, por ejemplo de acuerdo con datos ofrecidos por la Secretaría de Hacienda, el año pasado la deuda de los estados y municipios del país se incrementó en 8,277 millones de pesos durante el primer semestre, con respecto al cierre del 2012.

Según esas cifras, Baja California Sur fue la entidad que registró el mayor aumento porcentual en su deuda, con 45.1%; el segundo puesto lo obtuvo Sonora, con un incremento de 14.8%; seguido de Chihuahua, con 12.2 por ciento, en ese mismo lapso.

La calificación en calidad del ordenamiento jurídico de la fiscalización, Baja California Sur, Quintana Roo y San Luis Potosí quedaron entre los más bajos, según el informe Auditorías Superiores Locales en México: evaluación de su normatividad, prácticas y transparencia , elaborado por el Imco.

El mismo informe indica que Morelos, Nayarit, Guanajuato, Sinaloa, Baja California Sur, Estado de México y San Luis Potosí tienen calificación de cinco con respecto a la autonomía de las entidades de Fiscalización Superior; en el caso de Aguascalientes, su calificación es cero.

jose.reyes@eleconomista.mx