La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) defendió que no habrá una militarización del país en los próximos cinco años a través del acuerdo presidencial del 11 mayo, y aseguró que desde el 2019 se reduce paulatinamente el número de elementos del Ejército y de la Marina en labores de seguridad pública.

El titular de la dependencia, Alfonso Durazo, dijo el viernes ante senadores que el gobierno federal ha disminuido de 15,375 elementos del Ejército y 615 de la Marina desplegados en tareas de seguridad en julio del 2019 a 1,920 y 225 elementos, respectivamente, a mayo de este año. Indicó que dichos elementos han sido relevados por integrantes de la Guardia Nacional que han cumplido su proceso de capacitación.

Entrevistado por El Economista, el secretario ejecutivo adjunto del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ángel Pedraza López, dijo que no hay militarización del país, porque el Ejército está al mando de un civil a través del Presidente de la República.

“Esto efectivamente no podríamos llamarlo en ningún sentido que ha sido una militarización, porque todos los mandos militares responden a una autoridad civil que es el presidente de la República, es el jefe de las Fuerzas Armadas. Y hasta en tanto no tuviéramos un Presidente que proviniera de las filas del Ejército, podríamos hablar de una militarización como tal. Debemos de reconocer que esta suplencia de las capacidades de operación a nivel local se da en un contexto muy complejo de la seguridad pública en nuestro país”.

Ángel Pedraza López expuso que el acuerdo presidencial del 11 de mayo surgió como una respuesta a que el Poder Judicial no reconocía al Ejército como primer respondiente en tareas de seguridad.

“Surge en la medida de que ha sido difícil que algunos órganos del Poder Judicial reconozcan la competencia en el accionar diario de los cuerpos de seguridad, específicamente de las personas del Ejército que están llevando a cabo funciones de seguridad. En muchas ocasiones no se reconoce la personalidad de los elementos del Ejército para llevar a cabo la labor del primer respondiente, lo cual coloca en un grave riesgo las investigaciones. Al negarles esa posibilidad, al reconocer que el mandato constitucional no los facultaba para esa labor, dejamos descubierta esa trinchera”, expuso.

El secretario adjunto argumentó que el decreto del 11 de mayo define las atribuciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, y “poco a poco conforme a las capacidades de la Guardia Nacional, se ha ido sustituyendo a elementos con una formación netamente militar por los que ya traen un perfil de Guardia Nacional, que tienen alto nivel de capacitación en materia de derechos humanos”.

“El proceso de selección de la Secretaría de la Defensa Nacional, del Ejército en labores de seguridad ha sido una necesidad como país, la debilidad de las corporaciones de seguridad a nivel estatal y municipal obligaron a tomar decisiones en donde el Ejército tuvo que participar de manera solidaria subsidiaria y en algunos casos suplantar ante la inexistencia de los cuerpos locales”.

¿Cambios?, al acuerdo

Ante la polémica y rechazo de sectores sociales al decreto presidencial del 11 de mayo para permitir por los próximos cinco años la labores de seguridad pública del Ejército, el gobierno federal ofreció hacer cambios, al asegurar que su propósito no es la militarización.

“El doctor Alfonso Durazo ofreció la posibilidad de revisar cualquier situación que pueda ayudar, o que favorezca a tener una mayor claridad en el ejercicio de sus atribuciones. Seguramente se recabarán todas la opiniones jurídicas, y de ser necesario se le planteará al Presidente hacer los ajustes correspondientes”, comentó.

¿Cuándo se harían los ajustes al acuerdo presidencial?

“Dependemos de cómo se aplica en la práctica el decreto y cuáles son las complejidades que resultan de su operación. Imaginemos que el decreto pudiera tener una condición perfectible que pudiera ser reconocido por el secretario, que pudiera tener espacios de mejora, pero que éstos pudieran ser salvados en la operación conforme a los criterios que están bien establecidos y conforme a las directrices que se generan todos los días en la mañana en el gabinete de seguridad”, concluyó.

Se duplican registros, aseguran

Buscan cambiar metodología para medir homicidios

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) anunció que elabora una propuesta de modificación a la metodología de registro de homicidios, ya que a su juicio hay “dobles contabilidades” por parte de algunos gobiernos estatales.

En entrevista, el secretario Ejecutivo Adjunto del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ángel Pedraza López, indicó que actualmente se trabaja en dicha propuesta y, cuando el documento tenga el consenso necesario al interior del SESNSP, será presentado al presidente de la República; luego se someterá a “opinión jurídica” de sectores sociales y académicos y, por último, al Consejo Nacional de Seguridad Pública para su eventual aprobación.

¿Se trata de crear subtipos de homicidios?

“La intención es que la metodología con la que se controla y registra la información esté perfectamente clara y se ejecute de forma homogénea y se eviten algunos espacios de discrecionalidad o de interpretación para que sean aprovechados para un subregistro en las entidades federativas”.

¿El diagnóstico es que se registran más o menos homicidios?

“El diagnóstico es que pudiéramos tener dobles contabilidades y también que algunas entidades federativas están informando de forma diversa. Están interpretando los datos y están haciendo un reporte no exacto conforme a la realidad”.

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“Tenemos un acompañamiento permanente, por ejemplo, del Inegi que ha sido un aliado estratégico en el Secretariado y en el gobierno federal; ha tenido protocolos muy establecidos para recabar la información. Existe la metodología de Naciones Unidas para este propósito y estamos consultando con especialistas y con todos los interlocutores, teniendo como meta tener información confiable para el sistema”.

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