Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho: Luis María Aguilar

Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, afirmó el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, al rendir su cuarto y último informe de labores en presencia del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador.

Ante los presidentes del Senado, Martí Batres; de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, ministros  y miembros del gabinete del gobierno federal, afirmó: “Nada ni nadie por encima de la Constitución”.

Expuso que el Poder Judicial no es ajeno a la demanda de un mejor servicio público, honesto y transparente en donde todos cumplan con sus tareas de manera eficiente y con responsabilidad social para garantizar la convivencia pacífica.

Balance de la SCJN

Aguilar Morales hizo un balance de las principales acciones que se emprendieron en su mandato en temas como la implementación y consolidación de la reforma penal, la protección de los derechos humanos y la igualdad y equidad de género.

Así como el apoyo a jóvenes estudiantes de derecho, grupos vulnerables, defensa de los migrantes, apoyo a las comunidades indígenas, avances de transparencia y acceso a la información, carrera judicial, vigilancia y disciplina, entre otros temas.

También expuso que al principio de su administración, en enero de 2015, sólo había dos Centros de Justicia Penal Federal, uno en Durango y el otro en Puebla, y que el personal judicial, debidamente capacitado hasta ese momento, consistía en 62 personas, cinco de ellos jueces de Distrito.

Agregó que cuatro años después, hay 42 Centros de Justicia Penal Federal, atendidos por mil 368 servidores públicos, de los cuales 156 son jueces de Distrito especializados.

En materia de carrera judicial, el ministro presidente de la Suprema Corte informó que entre 2015 y 2018 fueron designados 202 magistrados de Circuito y 388 jueces de Distrito.

Destacó que ser designado juez o magistrado es tarea profesional y cuidadosa, que se logra mediante rigurosos exámenes de oposición, en los que durante tres etapas los aspirantes deben demostrar sus capacidades y conocimientos del derecho, así como análisis y criterio jurídico.

Reconoció que si en un momento determinado hubo alguna desviación en ello, inmediatamente que fue detectada se tomaron medidas estrictas y contundentes, por lo que se iniciaron procedimientos de investigación y de responsabilidad para sancionar a los malos servidores.

Luis María Aguilar comentó que durante su administración se atendieron más de siete mil denuncias, se instauraron más de 150 procedimientos disciplinarios de oficio, se realizaron más de 90 investigaciones, y fueron sancionados 260 servidores públicos adscritos a órganos jurisdiccionales.

Finalmente, dijo que las sanciones impuestas a los titulares de órganos jurisdiccionales han ido desde amonestaciones privadas y apercibimientos, hasta suspensión en 21 casos, ocho de destitución y cuatro de inhabilitación.