Morena se queja en la SCJN contra reforma política

El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma política de la Ciudad de México.

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En la acción presentada la víspera, a través de su representante ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Horacio Duarte Olivares, se solicita la invalidez de algunas situaciones de excepción contenidas en la norma.

Entre ellas, el hecho de que el decreto omite prever normas o artículos transitorios para que la Constitución de la ciudad otorgue el derecho a las y los ciudadanos que la habitan de ratificarla o revocarla, vía consulta popular o referéndum.

En Morena estamos solicitando la invalidez de una serie importante de temas, por ejemplo: consideramos que existe una situación de excepción de la Ciudad de México al convertirse en entidad federativa y no en Estado de la República, limitando los derechos de autodeterminación de sus ciudadanos , dijo Duarte Olivares.

A través de un comunicado calificó como un contrasentido que legisladores se puedan autodesignar como diputados de la Asamblea Constituyente, situación que les permitiría ejercer un doble cargo público.

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En su opinión, quienes sean designados como diputados constituyentes, evidentemente no serán electos por el pueblo, por lo que dicha Asamblea tendrá un contenido en parte legítimo y en parte ilegítimo, al no ser electos democráticamente .

Además, consideró que el decreto tiene un vicio en el proceso legislativo, ya que por acuerdo de la mayoría de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se aprobó que la Asamblea Constituyente debía tener paridad de género, situación que se omite.

La acción de inconstitucionalidad obedece también a la atribución exclusiva que otorga el decreto al jefe de Gobierno, Miguel Mancera, para elaborar y remitir a la Asamblea Constituyente el proyecto de la primera Constitución de la Ciudad de México.

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Situación que en opinión de Duarte relega la facultad de la Asamblea y a los diputados constituyentes, a solo recibir, discutir y aprobar, en su caso con modificaciones, el ordenamiento fundante de la nueva entidad federativa , lo que vulnera el principio fundamental de la división y equilibrio de poderes.

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