Militarización de la política migratoria representa una amenaza para los derechos humanos, advierten organizaciones sociales

La militarización de la política migratoria, así como la participación de militares en funciones de vigilancia y revisión migratoria representa una amenaza para los derechos de miles de personas y ha profundizado los contextos de riesgo de las personas migrantes, quienes se ven obligados a viajar por rutas clandestinas haciéndoles más vulnerables a distintos tipos de violaciones y delitos, es parte de las conclusiones del informe "Bajo la Bota: Militarización de la política migratoria en México", realizado por diversas organizaciones sociales.

Según el informe, a casi tres años de que se incrementara la participación de los militares para contener el flujo migratorio, el saldo en términos de derechos humanos es devastador, pues a través de trabajo de campo en las fronteras norte y sur, 100 testimonios y 144 respuestas a solicitudes de información pública, lograron identificar diversos abusos y uso excesivo de la fuerza por parte de elementos de la Guardia Nacional, militares y del Instituto Nacional de Migración, contra grupos de personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas, así como otras personas en situación de vulnerabilidad.

Aunado a que los migrantes se enfrentan a distintos tipos de violaciones a derechos humanos y delitos, como desapariciones forzadas, secuestros, extorsión, trata de personas y corrupción, además de discriminación racial y étnica, situaciones climáticas extremas y accidentes.

En el caso de las detenciones arbitrarias e ilegales, se dijo que es una de las cuestiones que más preocupantes, pues se identificó que la Guardia Nacional perpetra detenciones arbitrarias, muchas veces basadas en perfilamiento racial, participando también en expulsiones colectivas, contrarias al derecho internacional de los derechos humanos, las cuales se suman a un contexto de narrativas xenofóbicas y otras formas de discriminación.

Asimismo, el documento evidenció las violencias a las que están expuestas las mujeres migrantes y solicitantes de asilo afrodescendientes y africanas en su tránsito por México, pues han sido víctimas de prácticas de violencia sexual imbricada con el racismo antinegro, cometidas por elementos de la Guardia Nacional y otros cuerpos militares y policiales.

Además de documentar casos de mujeres migrantes y solicitantes de asilo que fueron víctimas de violación sexual, acoso e intimidación por parte de elementos de la Guardia Nacional.

Por otro lado, se acusó que México ha optado por la implementación de una política migratoria sin enfoque de derechos humanos, haciendo uso de la Guardia Nacional y de otros cuerpos militares como un aparato de control migratorio, aún cuando esto va en contra de las disposiciones normativas en materia migratoria.

El informe, elaborado por Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), Sin Fronteras IAP, Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), Derechoscopio, Uno de Siete Migrando e Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), urge a eliminar expresamente de toda política pública relacionada con la movilidad humana la detención de las personas migrantes.

Ello al señalar que la privación de la libertad sólo debería aplicarse cuando sea estrictamente necesaria y debidamente fundamentada en las circunstancias particulares del caso y, en ningún caso se debería detener a niños, niñas o adolescentes ni a personas solicitantes de asilo.

Además de instar a que el INM sea desmilitarizado y tomar medidas pertinentes para eliminar la discriminación en la función pública relacionada con personas migrantes, solicitantes de asilo o refugiadas, en particular la discriminación por género y raza y formas conexas de intolerancia. 

kg