Nadie puede dudar que la entrega de visas humanitarias a 120 migrantes afganos fue una labor encomiable del gobierno mexicano. La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y en particular el canciller Marcelo Ebrard ha enfatizado este hecho como el más reciente capítulo de la tradición de acogida que ha mantenido México en su historia moderna. Pero ¿qué tan cierta es esta tradición? ¿Acaso la solidaridad de la población mexicana es selectiva o acepta a cualquier ser humano que solicite asilo?

Después de recibir a un grupo migrantes afganas pertenecientes a un equipo de robótica del país de Oriente Medio y durante la bienvenida al grupo de más de 24 familias de colaboradores del New York Times también de aquel país, el canciller Ebrard dejó claro que existe una diferencia “entre los migrantes económicos y las personas que buscan refugio y asilo”, haciendo referencia en primer lugar a los miles de migrantes centroamericanos que han llegado a la frontera sur de México en los tres años del gobierno del presidente López Obrador.   

Todo parece indicar que la gran tradición de recibir no sólo a migrantes considerados perseguidos políticos sino a cualquier extranjero es un mito o al menos una serie de excepciones. La población extranjera en México nunca ha rebasado el 1% como parte de la población total de la República Mexicana y los migrantes que llegan a México por razones políticas o económicas son apenas una fracción de ese porcentaje, pues la mayoría de los extranjeros en el país provienen de Estados Unidos.     

Para Lorena Mena Iturrialde, directora de Continente móvil, una consultoría en materia migratoria, dado que en la legislación mexicana sí existe una diferencia entre asilados o refugiados políticos y los migrantes económicos, la frase del canciller Ebrard no carece de sentido. La especialista recuerda, como parte de la tradición mexicana, la acogida de habitantes del cono sur que migraron debido a las dictaduras del siglo XX en la región y a quienes llegaron a México a causa de la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial.

No obstante, para Mena Iturrialde, esto no quiere decir que cuando se aplica la regulación de refugio y asilo no se cometen ciertas medidas discrecionales, sobre todo basadas en el origen nacional del migrante, especialmente en la actualidad, bajo el cobijo de la Cuarta Transformación.            

“Sabemos que ahora México está recibiendo una importante cantidad de solicitudes provenientes de personas que provienen de países de Centroamérica y sí se ha notado cierta discrecionalidad a la hora de decidir quién obtiene la categoría de refugiado. Pareciera que para ciertos orígenes nacionales sí puede haber una política más abierta mientras que para otros no”, dijo Mena en entrevista.   

Entre la comunidad migrante que no ha vivido la mejor recepción del Estado mexicano está la población proveniente de Haití, un país que actualmente no sólo se encuentra sumido en una crisis económica, sino política, social y de violencia, bastante similar a la de Afganistán. Aunque muchas personas provenientes de este país caribeño obtuvieron visas humanitarias a raíz del terremoto del 2010, la actitud del gobierno mexicano ante nuevos migrantes haitianos que emigraron y vivieron por mucho tiempo en otros países de Centro y Sudamérica y que ahora viajan hacia México y Estados Unidos por la situación económica de la región ha cambiado.

Los datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) no mienten. Mientras que, hasta julio del 2021, la cantidad de migrantes haitianos solicitantes de asilo en México llegó a 13,255 personas, apenas se han resuelto 2,201 de estas solicitudes y de éstas sólo 712 han sido positivas, es decir, 32 por ciento. Al mismo tiempo, 26,557 hondureños han solicitado asilo en el país, de los cuales 9,189 casos han sido resueltos, 85% de forma positiva. En el caso de los venezolanos, la tasa llega al 97 por ciento. 

Para Wilner Metelus, académico y activista defensor de los derechos de los migrantes, la población haitiana que ha sido concentrada en la localidad de Tapachula, Chiapas, vive una situación de vulnerabilidad extrema. La mayoría de estos migrantes radica desde hace dos años en la ciudad del sureste mexicano, en habitaciones hacinadas, con muy poco acceso a subsidios o servicios públicos y nulo empleo.

“Los haitianos sufren mucho. No tienen apoyo de ninguno de los tres niveles del gobierno. La mayoría está esperando respuesta de Comar. Su objetivo es llegar a la frontera norte, pero con la visa humanitaria que les dan sólo pueden permanecer en el sureste, no pueden llegar al norte y esta política inicia en este gobierno a partir del pacto que realizó la administración de López Obrador con el presidente Donald Trump”, dijo Metelus en entrevista.  

El investigador ha registrado la deportación de 975 haitianos a Puerto Príncipe, la capital de Haití, un país que recientemente ha vivido el paso de un huracán, un terremoto y el asesinato de su presidente, lo que ha incrementado la tensión política económica y social de esta nación que no se había recuperado de las consecuencias del terremoto del 2010.

“Actualmente hay 30,000 migrantes haitianos varados, hay centenas de migrantes haitianos encarcelados en la estación migratoria Siglo XXI. El trámite de Comar debe tardar más o menos 90 días, pero hay muchos que están esperando desde hace año y medio el trámite”, dijo, y añadió que los miembros de organizaciones criminales mexicanas están aprovechando la situación de estos migrantes para extorsionarlos o reclutarlos.

De acuerdo con Ana Saiz, directora de la organización Sin Fronteras, dedicada a la defensa de los derechos de los migrantes, no es posible hablar de una tradición general de acogida en México cuando la mayor parte del tiempo se cometen acciones de maltrato y deportaciones en contra de población centroamericana y de otras regiones de Sudamérica y el Caribe.

“Vemos muchas tasas de reconocimiento muy diversas. La tasa de reconocimiento de las personas venezolanas es altísima y la tasa de reconocimiento de la población haitiana, cuando la situación del país es muy delicada, no llega al 40 por ciento. Hay mucha desigualdad con respecto a las nacionalidades”, dijo.

Para la especialista, es muy loable que los inmigrantes afganos hayan sido acogidos en México; no obstante, aseguró que el derecho de asilo es un derecho humano, por lo que no debe ser privilegiado sino que tiene que ser accesible para cualquier persona que busque salvar su vida. Aseguró que una opción es justamente entregar visas humanitarias, iguales a las que han sido entregadas a los afganos, para aquellas personas cuya intención no es establecerse en México sino llegar a Estados Unidos.       

Saiz hizo hincapié en el hecho de que a pesar de que puede parecer que muchos migrantes centroamericanos o haitianos que llegan a México lo hacen por razones meramente económicas, cuando se indaga en las historias de estas personas es posible descubrir que las verdaderas razones son la violencia, las extorsiones y la persecución. “Ahí es cuando dices, ¿cuál migrante económico? Todo empezó por su negocio, pero esta es una persecución”, dijo.

La respuesta a la pregunta que da título a este texto sólo puede ser: depende. La regulación mexicana en materia migratoria es una norma de avanzada en el mundo, de acuerdo con los especialistas. No obstante, igual que ocurre con muchas otras leyes, la aplicación de esta regulación revela cierta discriminación en el proceso y esta discriminación se debe en buena medida, según Ana Saiz, a que la Comar es una institución débil y sin presupuesto frente al Instituto Nacional de Migración (INM), que está dedicado a la contención, la detención y la deportación y que representa mejor el espíritu actual del mexicano frente al extranjero.  

rodrigo.riquelme@eleconomista.mx