Los sabuesos anticorrupción extraviaron el rastro

La vigilancia anticorrupción que realizan en las dependencias federales los Órganos Internos de Control (OIC) -dependientes de la Secretaría de la Función Pública- ha quedado rebasada, principalmente, porque son juez y parte de un proceso de revisión delicado que debería realizar un órgano independiente al gobierno federal y no una Secretaría de Estado, advierten especialistas.

El director del CIDE, Sergio López Ayllón, exhortó a la pronta aprobación del nuevo órgano anticorrupción, pues, con ese instrumento, desaparecerán los OIC de las dependencias, y ahora quedará en manos de un auditor superior autónomo, que sería la Comisión Nacional Anticorrupción propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto.

En entrevista, el experto en temas de rendición de cuentas y buen gobierno afirmó que la Comisión Nacional Anticorrupción que perfilan crear quitaría ese papel de juez y parte que actualmente tienen los OIC.

Toda la crítica a la función pública es que no podía ser juez y parte (con los titulares de los OIC), pues ya no lo va a ser. La función de corrupción va a estar en un órgano con autonomía constitucional. El viejo órgano interno se convierte en un órgano que tiene una función preventiva y de ayuda de gestión al titular de la dependencia , explicó.

La iniciativa del presidente Peña Nieto para crear la comisión nacional anticorrupción, que sustituirá a la SFP, confiere a este organismo el papel supremo de la lucha contra las prácticas indebidas dentro de la administración pública federal y por atracción en los gobiernos de los estados y municipales.

El viejo régimen de responsabilidades ya probó su eficacia y ojalá el Congreso complete el nuevo órgano anticorrupción para poder dar los pasos completos y diseñar el nuevo esquema que está planteando , urgió.

De esa forma, los órganos de control internos conservarían su papel de auxiliar a los titulares de las dependencias en sus decisiones, pero la función de vigilar, detectar y castigar prácticas corruptas recaería en la comisión nacional anticorrupción, dice López Ayllón.

La comisión nacional anticorrupción es el órgano encargado de prevenir, investigar y sancionar, en la vía administrativa, los actos de corrupción cometidos por los servidores públicos de la Federación, y en vía de atracción, de estados y municipios, así como por cualquier persona física o moral involucrada en tales actos o que resulte beneficiada por los mismos , plantea la iniciativa que se encuentra en el Senado.  

Las quejas y denuncias presentadas ante la Secretaría de la Función Pública por los titulares de los OIC llegan, en el mejor de los casos, apenas a las 1,200. De acuerdo con datos de las dependencia, en el 2010 la SEP tuvo 1,199 quejas y denuncias; mientras que la PGR apenas tuvo 542, el Instituto de Seguridad y servicios Sociales de Trabajadores del Estado (ISSSTE) recibió 1,026; el SAT, 640; el IMSS, 763, y la Policía Federal, 585.

Actualmente, el Senado concluyó la etapa de consultas públicas para determinar las facultades que tendrá la comisión nacional anticorrupción.

En la Comisión que discute el tema en el Senado, la divergencia que detiene en este momento la aprobación de la reforma constitucional, se da en torno de determinar si el nuevo órgano podrá tener facultades de ejercer acción penal en contra de presuntos actos indebidos de funcionarios públicos y terceros involucrados en los procesos de gobierno. La iniciativa plantea que, cuando la Comisión encuentre posibles actos de delitos de corrupción, dará vista al Ministerio Público y coadyuvará en la investigación.

Para Sergio López Ayllón, en este momento existe un impasse en la lucha contra la corrupción, debido a que continúa vigente el viejo régimen de control desde las propias dependencias gubernamentales y con una Secretaría de la Función Pública que subsiste únicamente por decreto y que se sabe desaparecerá cuando se cree el nuevo órgano.

jmonroy@eleconomista.com.mx