Después de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) turnara al pleno el análisis de la legalidad o no del acuerdo presidencial que permite a las Fuerzas Armadas desempeñar tareas de seguridad pública hasta 2024, expertos consideraron que los ministros deben tomar en cuenta la efectividad de éstas en el combate a la inseguridad y la capacitación de las mismas.

Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, opinó que la decisión que tomará la SCJN es muy relevante, porque deberá tomar en cuenta los 15 años que llevan las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública sin que haya resultados favorables en términos de disminución de la violencia, los homicidios y la inseguridad pública.

Por su parte, Eunice Rendón, coordinadora de Red Viral indicó que la relevancia de que esta discusión pasara al pleno radica en que la totalidad de los ministros podrán debatir al respecto y con ello se conozcan los puntos de vista y se vaya al fondo del asunto

“Sí importa mucho saber qué es lo que opina la Corte al respecto de lo que está pasando”, dijo.

En ese sentido, el colectivo Seguridad Sin Guerra, que había promovido que la discusión sobre este tema se diera en el pleno de la Corte, dijo que “un debate informado podrá ofrecer elementos para resolver la mejor forma de garantizar la participación de militares en tareas de seguridad de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.

Posibles implicaciones

Eunice Rendón detalló las dos posibilidades que existen en torno a esta discusión en el máximo tribunal, que son:

“Por un lado si se justifica esa acción del presidente López Obrador vamos a seguir por el mismo camino: hacía una militarización de la seguridad pública, hacía un tránsito de la GN a la Sedena, no propiamente de facto que ha sido hasta ahora, sino que ya sea un tema verdaderamente institucional”, alertó.

La otra posibilidad, dijo, es que se declare como una invasión en las competencias del Congreso lo cual, consideró la especialista, se ve remota, debido a que esto motivaría a desarrollar un replanteamiento del proyecto de seguridad pública del presidente.

Mediante un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo del 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a la Fuerza Armada Permanente participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en funciones de seguridad pública por un periodo máximo de cinco años, es decir, hasta el 26 de marzo del 2024.

Derivado de este acuerdo, Laura Rojas, expresidenta de la Cámara de Diputados presentó una controversia constitucional en contra del acuerdo.

Además de ella, el municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes; el municipio de Colima y el gobierno de Michoacán, también presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cada uno y por separado, impugnaciones al acuerdo.

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