El juez federal Lee Yeakel rechazó el pedido presentado por los abogados del mexicano Edgar Tamayo Arias por una suspensión de la pena capital y la revisión de su caso, como decidió la Corte Internacional de Justicia en 2004.

Edgar Tamayo Arias, de 46 años, deberá ser ejecutado por inyección letal el miércoles a las 18:00 horas en la cámara de la muerte de Huntsville, en Texas. Fue condenado a muerte por el asesinato de un policía en 1994 en Houston.

En su decisión de este martes, el juez Yeakel estimó que la oficina de revisión de penas en Texas había "proporcionado al señor Tamayo un procedimiento justo, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema".

El caso de Tamayo Arias ha provocado numerosas protestas diplomáticas, políticas y judiciales, ya que al ser arrestado no fue informado de sus derechos consulares, en violación de la Convención de Viena.

Esta Convención, ratificada por 175 países incluido Estados Unidos, estipula que los ciudadanos extranjeros deben poder informar y recibir asistencia de representantes consulares, después de ser informados de sus derechos.

Por esa razón, en 2004 la Corte Internacional de Justicia concluyó que Estados Unidos debía rever 51 casos de mexicanos condenados sin que se les haya permitido contactar a su consulado.

Dos condenados incluidos en ese caso ya fueron ejecutados y Tamayo Arias sería el tercero. La justicia de Texas ya agendó para el 9 de abril la ejecución de otro mexicano, Ramiro Hernández, también incluido entre los 51 casos analizados por la Corte Internacional de Justicia.

Sin embargo, el juez Yeakel afirmó que "cada miembro de esa oficina obtuvo suficientes elementos sobre los derechos del señor Tamayo en virtud de la Convención de Viena y de la Corte Internacional de Justicia".

El Departamento de Estado reiteró este martes a Texas la solicitud del gobierno federal de suspender la ejecución, luego que el secretario de Estado, John Kerry, se pronunciara a fines del año pasado a favor de una postergación.

"Simplemente lo que pedimos es sólo una suspensión de la ejecución hasta que veamos si la negativa al acceso consular que le confiere la Convención de Viena fue perjudicial o no ", dijo Harf.

nlb