Las instituciones lucen “distantes y ajenas” para resolver los problemas de los pueblos originarios aun y cuando existen amplias referencias de en qué consisten éstos, indicó Jaime Rochín del Rincón, que encabeza la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

“Como Estado mexicano arrastramos un rezago significativo para garantizar a los pueblos originarios el acceso efectivo a todos sus derechos. A pesar de que se cuentan con bastas referencias sobre los problemas que enfrentan las instituciones en su conjunto, lucen ajenas y distantes como alternativas para la resolución de sus necesidades prácticas y, fundamentalmente, las estratégicas”, comentó.

Durante la presentación del Protocolo de Atención a Población Indígena con Enfoque de Género e Intercultural, refirió que este documento busca ser una base referencial sobre la atención de este sector ante los delitos y la violación a los derechos humanos.

No pretende ser, destacó, en forma alguna receta general, sino un conjunto de principios que oriente el análisis de situaciones de manera diferencial y especializada, en donde se ponga en el centro las necesidades particulares de las víctimas.

Rochín del Rincón dijo que en el caso de la población indígena, además de las afectaciones que se derivan de los hechos victimizantes, se añaden múltiples expresiones de discriminación que deben enfrentar por el sólo hecho de ser indígenas.

Detalló que las expresiones de discriminación racial y étnica tienen arraigo en la idea generalizada de que las cosmovisiones de los pueblos originarios son “arcaicas, obsoletas y contrarias a las nociones de modernidad y desarrollo”.

El titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas  expuso que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, 75.6% de 39,101 entrevistados consideró que las personas indígenas son poco valoradas por el grueso de la población, mientras que 49.3% opinó que sus derechos son poco o nada respetados.

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